La Plataforma Stop Biometano de Valdepeñas ha presentado hoy en el Ayuntamiento veintitrés alegaciones formales a la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal (POM), que supongan "garantías legales reales" para impedir la instalación en el término municipal de plantas de biometano y macrogranjas de cerdos.
La Plataforma confía en que si el alcalde cree que no deben instalarse este tipo de actividades industriales, como él mismo ha dicho, "traduzca sus palabras en hechos urbanísticos vinculantes", ha resaltado una de los miembros de este colectivo, Patricia Grande.
El colectivo ciudadano explica que ha contado con abogados, técnicos e ingenieros para preparar unas alegaciones serias y rigurosas, y aportar datos técnicos, porque se trata de un tema complejo que sobrepasa a personas de a pie, cuyo único interés, dejan claro, es proteger el futuro socioeconómico de la zona, el agua y la salud de las miles de familias que viven en Valdepeñas.
Respaldando a la plataforma local han estado miembros de Stop Biometano de Torralba de Calatrava. En esta localidad, como en Carrión de Calatrava, ya han conseguido que se archiven los proyectos de macroplantas, ha explicado María Manzano, pidiendo unanimidad, diálogo y respeto.
Las plataformas consideran necesario y complementario que el Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas aprobara, por unanimidad, con el consenso de todos los grupos políticos y los agentes sociales, su rechazo al único proyecto que actualmente está presentado en la Junta de Comunidades.
La Plataforma insiste en que una planta de biometano de 175 toneladas como la que se plantea en Valdepeñas es inviable solo con los restos de poda de la zona, para hacer biometano sería necesaria la importación masiva de purines.
ALEGACIONES
Las alegaciones registradas solicitan medidas concretas:
Establecer una separación de 10 km entre las plantas industriales de biometano y cualquier suelo urbano o núcleo residencial.
Fijar 5 km de distancia a viviendas aisladas habitables, bodegas, alojamientos turísticos y centros de trabajo.
Exigir zonas de exclusión de 500 metros a cauces públicos, 2 000 metros a pozos de abastecimiento humano y hasta 5 000 metros en áreas de alta vulnerabilidad e inmediaciones del embalse de La Cabezuela.
También piden que se eliminen los artículos municipales que pretendían permitir a las promotoras reducir las distancias de seguridad mediante acuerdos económicos con los vecinos colindantes y paralizar la tramitación hasta someter el plan a una evaluación ambiental que estudie los efectos acumulativos del tráfico pesado, olores y la afección a la fauna protegida.

