El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salvó a última hora de este miércoles los primeros decretos de su Gobierno gracias Junts, que decidió in extremis no votar para que pudieran salir adelante tanto el decreto ómnibus como el anticrisis después de haber criticado ambos.
De hecho, la portavoz de la formación independentista, Míriam Nogueras, recriminaba al Ejecutivo la manera en la que habían gestionado la tramitación de estos decretos y le reprochaba no haber negociado con su partido estas medidas antes de aprobarlas en el Consejo de Ministros llegando así a una situación "límite".
"Esta aventura la iniciamos, las dos partes, conociendo los riesgos. No lo han hecho bien y cuando se han puesto a hacerlo bien seguramente ya era demasiado tarde. No podemos acompañarles en ese error suyo, están a tiempo de rectificar", explicaba Nogueras.
Las cesiones del Gobierno a Junts
Finalmente, la formación independentista decidió no votar y facilitar la aprobación de los decretos. ¿Qué obtiene a cambio? Una serie de cesiones hechas por el Gobierno de Pedro Sánchez que incluyen:
- La delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat.
- La publicación inmediata de las balanzas fiscales.
- El aceite pase a ser alimento esencial con un IVA del 0%.
- Junts asegura que también se ha pactado la supresión del artículo 43 bis de la ley de Enjuiciamiento Civil que a su juicio ponía en peligro la amnistía.
Qué dice el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Junts también afirma que el acuerdo incluye la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que los independentistas se han opuesto reiteradamente por entender que amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía. El presidente del Gobierno evitó responder a las preguntas sobre estas concesiones. Pero, ¿qué dice el artículo? Está publicado en el BOE y recoge lo siguiente:
Cuestión prejudicial europea
1. Cuando un tribunal estime que para poder emitir su fallo, en cualquier fase del procedimiento, resulta necesaria una decisión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión, en los términos del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dictará providencia en la que, concretando suficientemente la duda interpretativa o de validez del Derecho de la Unión, dará audiencia por un plazo común de diez días a las partes y, en los casos en los que legalmente proceda, al Ministerio Fiscal. El auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial. Contra la providencia y el auto mencionados en este apartado no cabe recurso.
2. Cuando se encuentre pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial directamente vinculada con el objeto del litigio de que conoce un tribunal, ya planteada por otro órgano jurisdiccional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, si el tribunal estima necesaria la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver el litigio, podrá suspender motivadamente el procedimiento. La suspensión se acordará, mediante auto, previa audiencia por plazo común de diez días de las partes y, en los casos que legalmente proceda, del Ministerio Fiscal.
Contra el auto que deniegue la petición cabrá recurso de reposición, y contra el auto que acuerde la suspensión cabrá presentar recurso de apelación.
La suspensión a la que se refiere este apartado se alzará por el letrado o letrada de la Administración de Justicia una vez acreditada la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o, en otros supuestos, por auto del propio tribunal que acordó la suspensión.
Bolaños dice que cuando un juez consulte a la justicia europea el proceso se suspenderá
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que el acuerdo con Junts "no cambia nada el régimen de las cuestiones prejudiciales en nuestro país", con lo que cuando un juez consulte al Tribunal de Justicia de la UE el proceso en cuestión se suspenderá.
Bolaños dijo en diciembre que esa disposición formaba parte del pacto alcanzado con la Comisión Europea para recibir 10.000 millones de euros, pero este jueves, en una entrevista con TVE y Telecinco, ha señalado que el compromiso alcanzado con Bruselas es convalidar un real decreto "que tiene casi 200 folios", no una disposición concreta.
No incluirla, ha asegurado, "no cambia nada el régimen de las cuestiones prejudiciales", ya que estos momentos cuando un juez se dirige a la justicia europea para consultar cómo aplicar el derecho comunitario, el proceso en cuestión ya queda en suspenso, como marca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Supremo.
"En un decreto ley tan amplio, tan extenso, tan ambicioso, que hubiera una controversia sobre un artículo que realmente no cambiaba nada, pues no tenía demasiado sentido", ha manifestado antes de recordar que el grueso del decreto supone "un paso de gigante para que la justicia en España sea más ágil, más digital y más moderna".
