Desde la Comunidad Autónoma informan a preguntas de Onda Cero que "el terreno de la Cala del Pino donde han comenzado las obras de un chalé, "es un suelo urbano consolidado con licencia de construcción concedida por el Ayuntamiento de Cartagena que es la Administración competente en esta materia"
Con respecto a la expropiación de terrenos que piden colectivos vecinales y ecologistas, el Gobierno regional advierte de "la gran diferencia" con respecto a los valores ambientales de los terrenos del Carmolí o Cabo Cope que adquirió la Comunidad Autónoma. "En estos dos casos se trata de suelos naturales protegidos y sin embargo, el del chalet de La Manga está en suelo urbano consolidado con licencia de construcción municipal, y sin protección ambiental alguna".
"Hay antecedentes de expropiaciones de suelo urbanizado con licencia por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Si su deseo es expropiar, puede hacerlo" subrayan en respuesta al Ministerio de Transición Ecológica que ha recordado al Ayuntamiento de Cartagena y a la Comunidad Autónoma que son suyas las competencias urbanísticas y que tienen herramientas para paralizar las obras de Cala del Pino.
También recuerdan la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Medio Natural, emitió un informe favorable a las obras "condicionado al trasplante de las especies protegidas que se encontrasen y reposición del doble de las que había, por si alguna sufriera daños".
La obra en marcha obtuvo licencia municipal de construcción el 23 de diciembre de 2022. El promotor es la empresa con sede en Madrid, Ragadani SL.
La CARM expropió y adquirió 3 millones de metros cuadrados en El Carmolí y 270 hectáreas en Cabo Cope para evitar que las adquiriera la organización ecologista ANSE.
Sin Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente
Tres años después de la aprobación de la Ley del Mar Menor, no se ha llegado ni a la aprobación inicial del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor pese a que la Ley dice que debiera estar aprobado antes de agosto de 2023.
Según ha informado el Gobierno regional a preguntas de Onda Cero, actualmente están en proceso de resolución del contrato la mercantil IDOM Consulting, Engineering, Architecture a la que adjudicaron la redacción del plan de ordenación territorial por "falta de medios propios en la Consejería de Fomento". Decidieron resolver el contrato al detectar que la empresa había incurrido en “gravísimos retrasos” en los plazos de entrega y por "escaso rigor técnico en su documentación". La Consejería de Fomento se lo adjudicó por importe de 400.000 euros.
"Desde el momento que se inició la propuesta de resolución del contrato, la Comunidad está trabajando con medios propios en la redacción del mismo" aseguran.
"El Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente ordenará lo que no está regulado, pero lo ya ordenado es suelo urbano desarrollado y por tanto, tiene unos derechos consolidados" subrayan.
Desde el Ministerio de Transición Ecológica recuerdan que que el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca vertiente del Mar Menor, que tiene que aprobar la Administración regional antes de agosto de 2023, "debe introducir los mecanismos para liberar el territorio de una mayor ocupación, introduciendo los mecanismos de compensación y, en su caso, las indemnizaciones que fueran necesarias".
La moratoria urbanística de la Ley del Mar Menor que prorrogó recientemente la Asamblea Regional no podrá impedir la construcción de más de 500 viviendas que disponen de licencias antiguas y derechos urbanísticos consolidados.
