Mar Menor

Francisco Turrión, hidrogeólogo y funcionario de la CHS, cree que la declaración del acuífero en mal estado químico debe servir para sentar en una mesa a todos los agentes implicados para adoptar soluciones viables que no criminalicen a los pequeños y medianos agricultores. Turrión apuesta por reducir las aportaciones de agua del trasvase del Tajo en el Campo de Cartagena y por aprovechar los pozos ya existentes para ir drenando el acuífero contaminado cuya agua, una vez desalobrada y desnitrificada, volvería a los agricultores. El Tribunal Supremo, en dos sentencias, ha declarado que los pozos del campo de Cartagena que extraigan menos de 7000 m3 al año no requieren de autorización por parte de CHS. Turrión también asegura que “el trasvase del Tajo está perjudicando la Mar Menor porque no deja de recargar el acuífero cuya agua aflora por todas partes”. Según Turrión, la extracción de agua contaminada del acuífero del Campo de Cartagena debería complementarse con la reducción de la superficie de agricultura intensiva en una franja de protección alrededor del Mar Menor –lo de 500 metros le parece un insulto a la inteligencia- y la prohibición de los fertilizantes nitrogenados. Francisco Turrión fue expedientado por la CHS por escribir un libro para Greenpeace sobre la trama del agua en la cuenca del Segura donde aseveró que no era necesario el trasvase del Tajo y que la cuenca era autosuficiente si se reducían regadíos ilegales entre otras cosas. Turrión recurrió en tribunales y el TSJ le ha dado finalmente la razón y, por tanto, deberá se indemnizado por el organismo de cuenca.

El portavoz de la Plataforma, Leandro Sánchez, cree que con 500 metros de protección en el entorno del Mar Menor, sólo se regula “el regadío de las macetas”, apenas 130 hectáreas de cultivos de un total de 60.000 y siguen adelante todos los proyectos urbanísticos previstos, incluso aquellos aprobados de forma inicial como sería Novo Cartago. Para la Plataforma el perímetro de protección debería haber llegado a los 2.000 metros junto a una moratoria urbanística total. Por otra parte, Leandro Sánchez se quejaba del “oscurantismo” de una Ley que se ha fraguado desde el principio con la agroindustria y determinados partidos políticos, sin dar participación ciudadana; una ley oculta hasta 48 horas antes de su aprobación. Ante el “brindis al sol” que supone esta Ley y la inacción tanto del Gobierno Regional como Estatal, que augura a corto plazo un impacto “brutal” sobre el turismo y la economía del entorno de la laguna, la Plataforma “SOS Mar Menor” ya prepara otra gran manifestación que pretende se celebre la próxima primavera por las calles de Murcia capital.