ANSE llama "tramposo" al presidente López Miras "que brinda en bandeja a la promotora Hansa Urbana la posibilidad de demandar al ayuntamiento de Cartagena por cifras millonarias"
El decreto ley del Mar Menor abre la puerta a la construcción de entre 12.000 y 14.000 viviendas alrededor del Mar Menor
Para ANSE el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, aprobado por el Gobierno Regional y publicado en el BORM de 27 de diciembre, esconde algunas trampas que distan mucho de convertir a esta nueva norma en la solución a los problemas ambientales de la mayor laguna litoral española, y podría permitir la continuación de la tramitación de proyectos urbanísticos de gran impacto como Novo Carthago.
Para comenzar, ANSE destaca especialmente la trampa sobre la “moratoria urbanística”. Aunque el artículo 16 habla, en su apartado 1, de un “Área de exclusión temporal para nuevos desarrollos urbanísticos”, indica inmediatamente, en su apartado 2 “…los planes aprobados o en trámite, entendiéndose por tales aquellos que hayan alcanzado la aprobación inicial, podrán continuar con su tramitación”.
De no producirse cambios en la Asamblea Regional, o los trámites judiciales resuelven la anulación del desarrollo urbanístico, el Decreto Ley del Mar Menor pondría en serios apuros al Ayuntamiento de Cartagena por su decisión de 2018 de paralizar la tramitación del proyecto de reparcelación de Novo Carthago, y podría favorecer reclamaciones por incumplimiento de convenio y daños y perjuicios.
ANSE considera que el presidente ha demostrado ser un tramposo con sus anuncios sobre la protección del Mar Menor, y permitiría con la redacción actual del Decreto Ley el rescate inicial del proyecto urbanístico estrella del expresidente Valcárcel. 16 años después, con un procedimiento judicial aún sin resolver. López Miras da una nueva oportunidad, a través de un Decreto Ley improvisado, a una recalificación de suelos que permitiría construir entre 8.000 y 10.000 viviendas, campos de golf y hoteles Otros grandes proyectos urbanísticos en trámite, también en el Municipio de Cartagena, como el Plan Parcial del Vivero, que se desarrollarían sobre terrenos ganados al Mar Menor, también podrían continuar a pesar de la moratoria.
Pedro García considera que el decreto ley brinda a la promotora Hansa Urbana la posibilidad de ganar una demanda millonaria contra el Ayuntamiento de Cartagena que paralizó la reparcelación de Novo Carthago apoyándose en la moratoria urbanística aprobada por la Asamblea Regional. "Es un auténtico disparate" dice.
ANSE opina que la Asamblea Regional no debería de convalidar el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, sino obligar a la aprobación de una Ley Integral del Mar Menor, como se acordó en la legislatura anterior, elaborada de manera rigurosa e incorporando las consultas necesarias de órganos de participación como el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente de la Región de Murcia o el Consejo Jurídico de la Región de Murcia entre otras.
El pasado mes de septiembre conocíamos que Hansa Urbana estaba ultimando una demanda judicial contra el Ayuntamiento de Cartagena, por la que reclamaría a esta institución el pago de 34 millones de euros por haber suspendido la tramitación del proyecto Novo Carthago.
