El fiscal general del Estado, procesado. El juez del Supremo le envía a juicio por revelación de secretos. Por difundir, supuestamente, datos de un particular. En este caso, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso. Por utilizar el cargo público, dice el auto, para la guerra sucia política.
La gravedad es inusitada y ahonda en el deterioro institucional provocado por el actual Gobierno. Si a esto le suman que hoy la juez del caso del hermanísimo ha considerado fraude de ley que el secretario general de los socialistas extremeños, que esprintó para aforarse, lo hiciera para burlar la norma, solo cabe hacer un elogio de la justicia.
Porque a pesar de las zancadillas, impedimentos y dificultades de todos los colores que este Gobierno ha puesto a los jueces, a pesar de las injerencias en su trabajo, los jueces han hecho lo que les tocaba. Y esto, que parece hoy tan sencillo, en realidad es, en este ambiente, una heroicidad.
