La misiva, publicada por La Vanguardia y el Ara este jueves, está firmada por los exconsellers Joaquim Forn, Dolors Bassa, Oriol Junqueras,Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el exlíder de la ANC, Jordi Sánchez.
Los presos independentistas destacan la cara solidaria, cívica y humana que mostraron Barcelona y Cataluña a raíz de los atentados: "Donde unas horas antes había muerte, silencio y vacío, la gente recuperó la calle para hacerla un espacio de paz y libertad".
Elogian la profesionalidad y la entrega de los servidores públicos como los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana de Barcelona, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), Protección Civil, los Servicios Sociales y todos los voluntarios. "El 17A hizo evidente que Cataluña tenía una policía equiparable a los mejores cuerpos policiales del mundo", aseguran, así como que no consideran por casualidad que se desactivara la célula en solo cinco días.
Un atentado "imposible de evitar"
Los presos aseguran que pese a todos los esfuerzos, el nivel cuatro de alerta terrorista y la investigación policial, el atentado "fue imposible de detectar y evitar".
"Éste es uno de los principales retos de futuro que tenemos como país en el campo de la seguridad", apunta la misiva, en la que apuestan por una actuación transversal e interdepartamental para prevenir y detectar la radicalización. "Nos podemos sentir orgullosos de la capacidad reactiva de los Mossos d'Esquadra, en coordinación con el resto de fuerzas de seguridad y en colaboración con las policías locales", razonan.
Falta de colaboración del Estado
En la misma carta, los exconsellers, diputados y líderes de la sociedad civil independentista critican "la falta de colaboración del Estado y de algunos de sus organismos". "No podemos cerrar los ojos ante la información que nos llega del sumario del 17 de agosto, una información que evidencia la estrecha relación entre el imán de Ripoll, el líder ideológico del atentado, y el CNI", señalan.
Consideran que por respeto a las víctimas, el Estado español está obligado a responder a estos interrogantes y a explicar la verdad.