El borrador del Tribunal Constitucional en respuesta al recurso del PP contra la ley de amnistía ha marcado el debate político de las últimas horas, aunque de momento no cambiará en absoluto las situaciones de algunos de los líderes del procès como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras.
El Constitucional avala la ley de amnistía en lo esencial y asegura que la norma no supone "una suplantación o injerencia directa del legislador" en los jueces al ordenar que se levanten las órdenes de detención o que se de por finalizada la ejecución de las penas porque deja la aplicación de la ley en manos de los tribunales.
Esto supone que la decisión sobre si Carles Puigdemont podrá volver a España quede en manos del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que es quien lleva su causa y que en su momento descartó aplicar la norma en favor de los líderes independentistas entendiendo que cometieron un delito de malversación que afectó a los intereses financieros y económicos de la UE.
El Supremo ha entendido desde el primer momento que la malversación en este caso recaía en una de las excepciones que contempla la propia ley de amnistía para no aplicarla: que obtuvieron un beneficio personal. Y es que en todos los autos han incidido en que los líderes del procès no pagaron el referéndum ilegal de sus bolsillos, sino que lo costearon con dinero público en busca de un interés partidista que habría mermado los ingresos comunitarios.
En el borrador del Constitucional no se habla del delito de malversación, por lo que cabe esperar que se mantengan las órdenes nacionales de detención contra líderes independentistas como Carles Puigdemont, Toni Comín o Lluís Puig y se mantengan las penas de inhabilitación a Oriol Junqueras y demás condenados.
