Tras señalar que su partido siempre respeta las decisiones judiciales, Rafael Hernando ha señalado que en este caso considera que tiene sentido la retirada de las órdenes europeas, porque existía una discrepancia -con la justicia belga- sobre los delitos por los que podían ser encausados y juzgado.
Y esto, ha recordado, "limitaba" esa posibilidad de enjuiciar por determinados delitos, especialmente por el de prevaricación.
La retirada, ha insistido, "va a permitir que estos prófugos de la justicia puedan ser juzgados por los mismos delitos" por los que serán juzgados el resto de miembros del Govern que decidió permanecer en España y "hacer frente a sus responsabilidades penales".
El juez Pablo Llarena ha acordado retirar las Órdenes Europeas de Detención dictadas contra Carles Puigdemont y los exconsellers Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí y que se comunique su decisión a las autoridades belgas.
Fuentes del Supremo han explicado a Efe que la decisión de Llarena debe interpretarse en dos líneas: una primera, evitar que Bélgica, donde está ahora Puigdemont, al igual que los exconsellers que le acompañan, limite en alguna medida en su fórmula de entrega los posibles delitos que se puedan imputar al líder independentista.
Y otra, que sigue en todo caso vigente la orden nacional de detención, de modo que en el momento en que estos políticos decidan entrar en territorio español sean detenidos en las mismas condiciones que los otros imputados por el procès hacia la declaración unilateral de independencia.