Así lo ha dado a conocer este viernes en una nota de prensa la Fiscalía de Castilla-La Mancha, que no ha precisado de qué residencias se trata con el fin de preservar el carácter reservado de la investigación.
Asimismo, ha indicado que estas diligencias se han abierto por hechos ocurridos en las residencias de ancianos durante el estado de alarma, de los que ha tenido conocimiento la Fiscalía por diversas vías, "y que, por su gravedad, han merecido una atención especial y han dado lugar a la apertura de una investigación, con el objetivo de aclarar las circunstancias de cada caso".
Y ha puntualizado que "no siempre son denuncias presentadas contra los responsables o gestores de las residencias de ancianos".
Una vez terminen las investigaciones, la Fiscalía evaluará su resultado y decidirá si debe enviar el caso al juzgado correspondiente para que inicie un proceso penal.
Desde la declaración del estado de alarma, las fiscalías provinciales de Castilla La Mancha "han venido prestando especial atención al desarrollo de los acontecimientos y al desenvolvimiento de las residencias de personas de edad avanzada, públicas y privadas".
Para ello, han venido pidiendo informes sobre la evolución y la situación de los residentes y del personal laboral, sanitario y no sanitario, a la Dirección General de Salud Pública de Castilla La Mancha, "y en los casos más graves directamente a los directores de las residencias", ha señalado la Fiscalía.
Por otra parte, ha explicado que tras denuncias en relación con la asistencia sanitaria prestada en algunos hospitales de la región se han abierto también diligencias de investigación por parte de Fiscalía y ha apuntado que en estas denuncias "se recoge, además de la asistencia sanitaria, la forma en que se han facilitado los medios de protección personal a los trabajadores".