Abogacía

Pardo-Geijo, reconocido por Best Lawyers entre los mejores abogados penalistas de España, lleva su experiencia a Málaga

El penalista reúne distinciones nacionales y absoluciones en procedimientos complejos, mientras su despacho suma reconocimientos propios en defensa penal; además, el reconocimiento individual de Best Lawyers 2027 coincide con una sesión sobre prueba e interrogatorio impartida en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

Redacción

Málaga |

Pardo-Geijo, reconocido por Best Lawyers entre los mejores abogados penalistas de España, lleva su experiencia a Málaga
Pardo-Geijo, reconocido por Best Lawyers entre los mejores abogados penalistas de España, lleva su experiencia a Málaga | Best Lawyers

Raúl Pardo-Geijo Ruiz figura por novena edición consecutiva en Best Lawyers, que lo reconoce en Defensa Penal desde 2019. La comunicación de su inclusión en la edición de 2027 le llegó mientras impartía una sesión sobre prueba e interrogatorio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. La coincidencia reúne dos vertientes de su actividad profesional: la intervención en causas penales ante tribunales de toda España y la transmisión de esa experiencia a otros abogados.

Merca2 lo incluyó en 2025 entre las 25 personas más influyentes de España en el área de Derecho y lo describió como «Considerado el mejor abogado penalista de España». Esa valoración editorial se incorpora a una trayectoria que comprende reconocimientos profesionales y resultados judiciales documentados.

La materia elegida guarda relación con procedimientos que han ocupado años de su ejercicio profesional. En las causas con numerosos acusados, documentos y declaraciones, una parte esencial de la defensa consiste en precisar qué hizo cada persona y qué prueba permite atribuírselo. El interrogatorio obliga a separar lo que alguien presenció de lo que dedujo o escuchó después, y a contrastar su versión con el resto del expediente.

Su intervención en Málaga sitúa en primer plano la transmisión de experiencia entre abogados: cómo preparar una declaración, qué utilidad tiene una pregunta y de qué manera una respuesta puede modificar la valoración de un hecho. Son cuestiones ligadas al ejercicio cotidiano de la defensa y a las decisiones que deben adoptarse antes de entrar en sala.

Un interrogatorio documentado en el caso Emvicesa

Una crónica de Ceuta Actualidad del 21 de noviembre de 2023 permite observar ese trabajo en un juicio concreto. Durante una sesión de Emvicesa, Pardo-Geijo interrogó a Jesús González Barceló, que había mencionado la existencia de rumores sobre prácticas irregulares en la empresa municipal de vivienda. El abogado centró sus preguntas en si esas referencias afectaban a los trabajadores. La respuesta recogida por el periódico fue: «Nadie me dijo nada de los trabajadores».

La declaración introducía una distinción relevante para la defensa del empleado al que representaba. Una noticia genérica sobre el funcionamiento de una entidad no identifica necesariamente una actuación de cada una de las personas que trabajan en ella. Concretar el origen de una afirmación, a quién se refiere y qué conocimiento directo tiene quien declara permite delimitar su alcance. La crónica muestra una intervención del letrado; la valoración conjunta de la prueba corresponde a la sentencia.

Emvicesa investigaba irregularidades en adjudicaciones de viviendas protegidas. Para su defendido, la Fiscalía había solicitado inicialmente 13 años de prisión: 4 por falsedad documental, 4 por cohecho y 5 por organización criminal. Esa petición inicial fue recogida por El Faro de Ceuta al informar del escrito de acusación en octubre de 2020. La duración del procedimiento y la gravedad de aquella pretensión explican la relevancia del resultado para el acusado.

Tras practicarse la prueba, las acusaciones fueron reformuladas. La Audiencia absolvió al defendido de Pardo-Geijo de prevaricación continuada y falsedad documental continuada dolosa, así como de la falsedad imprudente planteada subsidiariamente. El fallo figura en la sentencia 106/2024, de 11 de diciembre, de la Sección 6.ª de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, identificada como ECLI:ES:APCE:2024:376.

La resolución examinó la actuación individual y la prueba de una participación consciente en las adjudicaciones irregulares. Tampoco consideró acreditada una intervención deliberada que apartara los documentos de la realidad, ni los elementos necesarios para sostener la falsedad imprudente. En una causa con abundante documentación y un funcionamiento administrativo desordenado, el tribunal diferenció las sospechas de los hechos que podían darse por probados respecto del acusado.

Acemsa y la defensa frente a una petición de 5 años de prisión

Otro procedimiento seguido en Ceuta terminó en septiembre de 2026 con la absolución de su defendido en la causa por adjudicaciones de obras de Acemsa, la empresa municipal de aguas. La Fiscalía mantuvo una petición de 5 años de prisión por falsedad mercantil y utilización de información privilegiada, además de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación continuada.

La acusación solicitaba también una multa de 12 meses a razón de 10 euros diarios y 9 años de pérdida de la posibilidad de obtener ayudas y subvenciones y de disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social. A las penas de prisión se añadía la inhabilitación para el sufragio pasivo durante la condena. Estas peticiones fueron mantenidas en las conclusiones definitivas.

La sentencia 82/2026, de 17 de septiembre, de la misma Sección de la Audiencia, absolvió a su defendido de prevaricación continuada, falsedad en documento mercantil y aprovechamiento continuado de información privilegiada por particulares. Su identificador es ECLI:ES:APCE:2026:300. La resolución analiza tanto el significado penal de las conductas atribuidas como la suficiencia de la prueba para sostenerlas.

El examen de comunicaciones y de expedientes de contratación exigía determinar qué podía conocerse a partir de cada dato y hasta dónde alcanzaban las inferencias de la acusación. El tribunal no dio por acreditados todos los presupuestos necesarios para condenar.

La nulidad de las escuchas y de la prueba derivada

La relación entre las garantías de la investigación y el resultado del juicio aparece especialmente clara en otro procedimiento defendido por Pardo-Geijo. La Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Murcia, en su sentencia 9/2018, de 9 de enero, absolvió a sus dos defendidos del delito de tráfico de drogas tras estimar la nulidad planteada por la defensa. El tribunal consideró insuficientes los indicios que habían sustentado la intervención telefónica y calificó la investigación de prospectiva. La consecuencia alcanzó también a las pruebas obtenidas a partir de las escuchas, incluidas las entradas y registros: no existían pruebas de cargo autónomas que permitieran sostener la condena. La resolución, identificada como ECLI:ES:APMU:2018:132, vincula expresamente la estimación de la impugnación con la absolución.

Best Lawyers en noviembre y Best Law Firms en junio

La actualidad profesional de Raúl Pardo-Geijo incorpora dos reconocimientos diferentes de la misma organización editorial. El 12 de noviembre de 2026 se hizo pública la edición española de Best Lawyers 2027. El año que identifica la guía corresponde a su edición, aunque el anuncio de los seleccionados se produzca previamente. El letrado aparece reconocido a título individual en Defensa Penal y Litigación por Daños Personales.

Su presencia en Best Lawyers comenzó en 2019 y alcanza su novena edición consecutiva. La selección se basa en evaluaciones de otros abogados, dentro del ámbito profesional y territorial correspondiente. En este caso, el reconocimiento identifica a Raúl Pardo-Geijo Ruiz como profesional; se añade a la actividad que desarrolla al frente de una firma con sede en Murcia y asuntos ante tribunales de toda España.

El reconocimiento del despacho se había anunciado el 4 de junio de 2026. Best Law Firms situó a Pardo Geijo Abogados en el Tier 1 de Defensa Penal en Murcia dentro de su edición española de 2027. Se trata del nivel más alto de esa clasificación regional, referido a la práctica de la firma.

Premios de ámbito nacional y una trayectoria reconocida

A esas referencias se une la distinción de los European Legal Awards 2026 de EU Business News. Pardo Geijo Abogados figura como ganador de Best Criminal Defence Law Firm 2026 – Spain, premio al mejor despacho de defensa penal de España. El reconocimiento corresponde a la firma y tiene un ámbito nacional expresamente identificado en su denominación.

En el plano individual, Advisory Excellence anunció el 2 de septiembre la elección de Pardo-Geijo como White Collar Crime Lawyer of the Year in Spain 2026, abogado del año en delitos de cuello blanco en España. La distinción se refiere al ámbito de la delincuencia económica y se suma a la recibida de esa entidad en 2024. Son reconocimientos que acompañan una práctica vinculada a causas de corrupción, contratación pública y otras materias del Derecho penal económico.

El palmarés comunicado por el despacho incluye Leading Adviser Awards, así como Global 100 en sus ediciones 2022–2023 y 2026–2027, junto con Client Choice España 2020, Leaders in Law y Global Law Experts. Su actividad internacional comprende también la pertenencia a IR Global. La ficha de Best Lawyers recoge, además, Legal 100, Global 500, Cross Border, Spain Prestige Awards y Corporate INTL, entre otras referencias profesionales.

En ese historial aparecen igualmente De Ley, Excelencia Profesional, Toga de Oro Penal, El Suplemento, Carlos III e Instituto Superior de Economía Legal. En 2025 recibió la distinción denominada doctor honoris causa en Derecho Penal de la Asociación Española de Certificación de Calidad y Auditoría Jurídica, así como el reconocimiento de Hombre del Año en materia jurídico-penal de la Cumbre Mundial del Conocimiento.

Una trayectoria ante tribunales de toda España

Nacido en Murcia en 1982 y licenciado en Derecho por su universidad, Pardo-Geijo dirige un despacho de tradición familiar. Su actividad comprende asuntos de delincuencia económica y corrupción, delitos contra las personas, delitos sexuales y contra la salud pública, con intervención ante juzgados y audiencias de distintas provincias, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Es diputado de la Sección de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Murcia.

En su trayectoria figuran actuaciones en Malaya y en las causas melillenses Tosca, Ópera y Santiago-Rusadir. El despacho también intervino en la defensa de Pilar Barreiro en Púnica, cuya causa ante el Tribunal Supremo fue archivada provisionalmente en 2018. La diversidad de procedimientos sitúa su práctica en escenarios que exigen trabajar con documentos, declaraciones, informes periciales y resoluciones dictadas a lo largo de investigaciones extensas.

El Consejo General de la Abogacía Española lo entrevistó el 30 de noviembre de 2020 sobre cuestiones que siguen presentes en las grandes causas: el acceso de la prensa a las actuaciones, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el secreto profesional. La entrevista permite conocer su posición sobre la relación entre el procedimiento judicial y la exposición pública de las personas investigadas.

En aquella conversación afirmó: «Los asuntos judiciales se ganan en el Juzgado». La frase enlaza con la materia que lo ha llevado a Málaga. La preparación de la prueba y del interrogatorio se ocupa precisamente de ese momento en el que una afirmación debe contrastarse ante el tribunal. En el Palacio de Ferias y Congresos, esa vertiente del ejercicio penal fue el objeto de su actividad formativa.