CHS

Francisco Turrión, hidrogeólogo y funcionario de la CHS, cree que la declaración del acuífero en mal estado químico debe servir para sentar en una mesa a todos los agentes implicados para adoptar soluciones viables que no criminalicen a los pequeños y medianos agricultores. Turrión apuesta por reducir las aportaciones de agua del trasvase del Tajo en el Campo de Cartagena y por aprovechar los pozos ya existentes para ir drenando el acuífero contaminado cuya agua, una vez desalobrada y desnitrificada, volvería a los agricultores. El Tribunal Supremo, en dos sentencias, ha declarado que los pozos del campo de Cartagena que extraigan menos de 7000 m3 al año no requieren de autorización por parte de CHS. Turrión también asegura que “el trasvase del Tajo está perjudicando la Mar Menor porque no deja de recargar el acuífero cuya agua aflora por todas partes”. Según Turrión, la extracción de agua contaminada del acuífero del Campo de Cartagena debería complementarse con la reducción de la superficie de agricultura intensiva en una franja de protección alrededor del Mar Menor –lo de 500 metros le parece un insulto a la inteligencia- y la prohibición de los fertilizantes nitrogenados. Francisco Turrión fue expedientado por la CHS por escribir un libro para Greenpeace sobre la trama del agua en la cuenca del Segura donde aseveró que no era necesario el trasvase del Tajo y que la cuenca era autosuficiente si se reducían regadíos ilegales entre otras cosas. Turrión recurrió en tribunales y el TSJ le ha dado finalmente la razón y, por tanto, deberá se indemnizado por el organismo de cuenca.

Agentes medioambientales de la consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente han comenzado a visitar a los propietarios de parcelas de regadío ilegal que la CHS le ha notificado como resueltos (62 expedientes que afectan a 989 hectáreas del campo de Cartagena) para que los terrenos sean restituidos a sus condiciones originales de secano; y se ha topado con que pese al expediente del organismo de cuenca, siguen cultivando y regando con total impunidad. Algunos de ellos, una media docena, desde mediados de 2018 que fueron formalmente notificados y advertidos de la actividad ilegal por la Comisaría de Aguas.