Agentes medioambientales de la Consejería de Agricultura constatan que la CHS no cortó el riego en las fincas expedientadas por regadío ilegal
Agentes medioambientales de la consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente han comenzado a visitar a los propietarios de parcelas de regadío ilegal que la CHS le ha notificado como resueltos (62 expedientes que afectan a 989 hectáreas del campo de Cartagena) para que los terrenos sean restituidos a sus condiciones originales de secano; y se ha topado con que pese al expediente del organismo de cuenca, siguen cultivando y regando con total impunidad. Algunos de ellos, una media docena, desde mediados de 2018 que fueron formalmente notificados y advertidos de la actividad ilegal por la Comisaría de Aguas.
La CHS admite que en muchos casos no puede dar con la toma concreta de agua que abastece una parcela de regadío ilegal. “Solo cuando la toma de agua procede de un pozo es fácil sellarlo, pero no siempre es así” lamentan desde el organismo de cuenca que espera refuerzos para la Comisaría de Aguas.La CHS solo cuenta con un vigilante para cada 6000 hectáreas del Mar Menor. Pero los agentes medioambientales de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente también han comprobado la existencia de fincas de regadío ilegal expedientadas por CHS con tomas de agua a la vista que, en absoluto, habían sido selladas o clausuradas por el organismo de cuenca. A la consejería de Agricultura no le ha quedado otra que llamar al SEPRONA de la Guardia Civil para que levante acta e instar al organismo de cuenca a que de manera inmediata corte el riego en esas fincas.
El consejero Antonio Luengo ha pedido a la confederación que proceda a cortar los riegos en cumplimiento de la Ley de Aguas para quitar presión al acuífero y al Mar Menor.
La consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente está dando un plazo de 15 días para que los propietarios de esas fincas de regadío ilegal –cerca de 1000 hectáreas- presenten un proyecto de restitución a sus condiciones originales y desmonten el regadío. Si no cumplen o intentan dilatar el proceso, la consejería podría actuar por la vía ejecutiva y luego pasar la factura de los gastos al propietario o arrendatario.
