El Parlamento de Andalucía ayer inició la tramitación de la proposición de ley para regular los cultivos de cinco municipios de la provincia de Huelva para que los agricultores del entorno del Parque Natural de Doñana puedan regar sin problemas. Con esto, se cambiaría la calificación de ciertas zonas de cultivo para pasar a ser de regadío.
Esta nueva normativa ha reabierto el debate respecto del riesgo que esto supone para que proliferen los pozos ilegales y se empeore la situación del Parque Nacional de Doñana. Por su parte, los partidos de la derecha en Andalucía aseguran que no se trata de legalizar pozos ilegales, ni de tomar agua subterránea, sino en superficie.
Actuar contra los pozos ilegales
El consejero de Medioambiente en Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, asegura que esta proposición garantiza la prohibición de todos los pozos ilegales y defiende que esto "no es una amnistía a un infractor", sino "la manera de ofrecer soluciones a quienes lo necesitan sin perjudicar a Doñana ni al acuífero".
Campaña de difamación contra el gobierno andaluz
Por lo demás, se trata de "una campaña orquestada" por parte de quienes tenían que haber hecho la infraestructura del trasvase en 2018, es decir, del Gobierno central. El consejero andaluz explica que cinco años después, no hay ni rastro de ese trasvase y por ello, el Gobierno tira de insultos, descalificaciones y mentiras.
Estamos hablando de recalificación de terreno, todo lo demás es difamación interesada porque el 28 de mayo hay elecciones
La proposición de ley trata de reorganizar el territorio para que, en determinados casos, se obtenga la calificación de terreno regable con aguas superficiales y, posteriormente, "será la administración competente la que le dará la concesión o no", explica Fernández Pacheco, siempre que el Gobierno "cumpla su palabra y haya cuenca sedentaria", algo que actualmente no existe.
La mayoría de competencias sobre el agua dependen del Gobierno central
"Estamos hablando de recalificación de terreno, todo lo demás es difamación interesada porque el 28 de mayo hay elecciones", asegura Fernández-Pacheco quien insiste en que la mayoría de competencias sobre la utilización del agua las tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la cual depende del Ministerio para la Transición Ecológica y, por tanto, del Gobierno central.
En definitiva, Fernández-Pacheco pide soluciones a "todos aquellos que sólo se acuerdan de Doñana cuando van a veranear gratis al Palacio de las Marismillas y lo llenan de todoterrenos", e insiste en que "los insultos, las descalificaciones y las mentiras no son aceptables" en democracia.
