Francisca "Paqui" Granados Gámez ha emergido nuevamente como figura central en el caso de Juana Rivas, esta vez señalada por la jueza del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada. El motivo: haber "instigado" la exposición mediática del menor Daniel, de 11 años, durante el frustrado acto de entrega a su padre, Francesco Arcuri, el pasado martes 22 de julio.
Granados no es una desconocida en la esfera pública. Licenciada en Derecho, pero no colegiada, lleva más de dos décadas trabajando desde el Centro Municipal de Información a la Mujer de Maracena (Granada). Su trayectoria se ha centrado en la defensa de mujeres víctimas de violencia, tanto en el acompañamiento judicial como en la denuncia pública de las carencias del sistema.
Su implicación con Juana Rivas comenzó en 2017, cuando la acompañó en su negativa a entregar a sus hijos a Arcuri. Desde entonces, ha actuado como portavoz pública, organizadora de ruedas de prensa y promotora de iniciativas legislativas que abogan por dar voz a los menores en procesos de custodia.
La escena que encendió la polémica
En el intento fallido de entrega del martes, Granados apareció muy cercana a Juana y al menor. Según fuentes judiciales, habría alentado a Daniel a hablar ante los medios: "¡Dilo! ¡Habla ahora! ¡Di lo que tengas que decir!". El niño, visiblemente afectado, llegó a gritar: "¡Me quiere matar!". La jueza calificó esta escena como una "innecesaria y perjudicial sobreexposición mediática".
Como consecuencia, se ha ordenado que la entrega del próximo viernes 25 de julio se realice en un entorno íntimo, sin acompañantes ni "agentes mediáticos", para proteger el estado emocional del menor.
Una figura controvertida
Para algunos operadores sociales, su rol ha sido clave en visibilizar la vulnerabilidad infantil en contextos de violencia. Para otros, su actuación ha sido excesiva y socialmente cuestionable. En 2017 fue investigada por presunta inducción a la sustracción de menores, aunque el caso se archivó por falta de pruebas.
Granados sostiene que su prioridad es el interés superior del menor. Ha denunciado públicamente que se está exigiendo a Daniel una fortaleza emocional impropia para su edad, y que la situación no es la más adecuada, teniendo en cuenta el juicio pendiente por presuntos malos tratos del padre que se celebrará en septiembre en Italia.
Por ello, su petición al Ayuntamiento de Maracena y al Ministerio de Justicia fue suspender la entrega hasta garantizar la seguridad y el bienestar psíquico del menor.
