El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por José Félix Tezanos, ha publicado este jueves 8 de octubre su Barómetro de Vivienda 2026, y llama la atención que figura que los datos fueron recogidos durante el pasado mes de junio, más de tres meses antes de su difusión.
La publicación llega ahora en plena precampaña electoral, en un momento en el que ha estallado la crisis por el acceso a la vivienda. El barómetro muestra un amplio respaldo a determinadas intervenciones públicas en el mercado inmobiliario, pero cuya fotografía de la opinión ciudadana corresponde al pasado mes de junio.
El estudio, elaborado conjuntamente con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se ha conocido después de la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid, las movilizaciones por el acceso a la vivienda y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.
La distancia temporal entre las entrevistas y la publicación es uno de los aspectos más llamativos del barómetro, especialmente porque durante ese periodo se han producido acontecimientos relevantes que no pudieron ser tenidos en cuenta por las personas encuestadas.
La publicación de este jueves se produce dentro del plazo previsto en el convenio, aunque el documento no aclara por qué se ha elegido esta fecha concreta para difundir el avance de resultados.
El CIS puso en duda la publicación por problemas técnicos
La difusión de los resultados ha estado precedida, además, por un cambio de previsiones del organismo público.
El miércoles, el CIS había anunciado que presentaría el avance del Barómetro de Vivienda este jueves. Sin embargo, posteriormente puso en duda que pudiera hacerlo debido a problemas técnicos.
Finalmente, durante la mañana del jueves confirmó que publicaría el estudio.
El 76,3% respalda la intervención del Estado en el mercado de vivienda
Los resultados del barómetro reflejan una preocupación generalizada por la situación inmobiliaria en España. Cerca de ocho de cada diez entrevistados aseguran estar bastante o muy preocupados por la crisis de la vivienda.
Además, el 76,3% considera que el Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario tanto como sea necesario para garantizar el acceso a una vivienda, frente al 18,8% que rechaza ese planteamiento.
Otro de los resultados destacados es que el 79% de los participantes considera que la vivienda debe entenderse como un derecho constitucional, frente a su consideración como un bien de mercado.
El estudio también revela que el 95,4% respalda una reducción de impuestos para facilitar la compra de la primera vivienda y el 85,7% se muestra favorable a reforzar las garantías frente a los impagos.
En cualquier caso, estos porcentajes reflejan las opiniones recogidas en junio, antes del adelanto electoral y de las últimas decisiones del Gobierno en materia de vivienda.
