La reciente muerte de Sandra, una adolescente de 14 años de Sevilla que se quitó la vida tras sufrir presuntamente acoso escolar durante varios cursos, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre cómo actúan los centros educativos ante casos de bullying. En la Comunidad de Madrid, los colegios y los institutos cuentan con un protocolo específico que debe activarse de manera inmediata cuando se detecta o se sospecha una situación de acoso.
Guadalupe Pérez, coordinadora del Servicio Defensor del Profesor de ANPE Madrid, explica que los docentes y las direcciones de los centros tienen la obligación legal de poner en marcha este protocolo en cuanto se recibe una denuncia, ya sea por parte de la familia, de un profesor o incluso de otro alumno:
Cualquier profesor que tenga conocimiento debe comunicarlo inmediatamente a la dirección del centro, y se activa el protocolo
Este procedimiento contempla una serie de pasos formales: se abren entrevistas con el alumno afectado, el presunto agresor y los compañeros que hayan podido presenciar los hechos. Además, se contacta con las familias de ambas partes y se elabora un seguimiento individualizado.
Se trabaja con todo el grupo del aula y hay una documentación que se debe cumplimentar. Por eso me sorprende muchísimo que, si hubo denuncias, no se activara el protocolo
Según Pérez, los centros sostenidos con fondos públicos están obligados a cumplir estas normas bajo la supervisión del Servicio de Inspección Educativa. De hecho, en los casos más graves, el procedimiento puede derivarse a la Fiscalía de Menores o al agente tutor de la Policía. La coordinadora quiso desmentir los rumores que apuntan a que algunos colegios evitan abrir expedientes para no perder subvenciones o evitar daños a su reputación.
Hay que contrastar los hechos. En los centros públicos el protocolo está clarísimo y hay una gran sensibilidad por parte del profesorado
La activación del protocolo no implica automáticamente que exista acoso, pero sí garantiza que se investigue cada caso con rigor. Pérez recalcó también la importancia del papel de los alumnos como testigos activos:
Cualquier compañero que vea una situación de maltrato tiene que comunicarlo. Hay que sensibilizar a los alumnos para que no sean meros espectadores
El derecho a la eduación
Por último, recordó que tanto los menores acosados como los acosadores son menores de edad, y, por tanto, "prevalece el derecho a la educación". Aun así, los centros pueden aplicar medidas disciplinarias que van desde sanciones leves hasta la expulsión temporal o el cambio de centro, siempre con la intervención de la inspección educativa.
"Tenemos que transmitir que nuestros hijos no están desprotegidos en los colegios", concluyó Pérez, apelando a la responsabilidad compartida de toda la comunidad educativa para erradicar el acoso escolar.
