Sin embargo, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro hoy, en conversación informal con los periodistas durante la tradicional copa de Navidad del Palacio de la Moncloa, que el Estado tiene herramientas para impedir que Franco sea enterrado en la catedral madrileña aunque la reforma de la Ley de Memoria aún no haya sido aprobada.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció el pasado 30 de noviembre que la orden de exhumación por parte del Gobierno se daría en los últimos días de diciembre porque para entonces ya estaría completado el último trámite.
Sin embargo aún faltan por entregar los informes que deben aportar la comunidad de Madrid y el ayuntamiento de El Escorial y también se abrirá un nuevo plazo de alegaciones para que la familia objete lo que considere oportuno.
Además, los nietos del dictador recurrieron ante el Tribunal Supremo y pidieron que se paralizara la exhumación. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de este órgano se ha pronunciado esta misma mañana rechazando tal pretensión por considerarla prematura. Pero ha advertido de que el Gobierno no podrá ejecutar un futuro acuerdo que ordene expresamente la exhumación de Francisco Franco sin dar la oportunidad a la familia de impugnar este acuerdo concreto.
Fuentes del Ejecutivo consideran que, teniendo en cuenta todos los pasos que son necesarios en el proceso administrativo, la exhumación de los restos de Franco podría estar entre finales de enero y mediados de febrero.
La familia quiere que, cuando se produzca la exhumación, los restos del dictador se depositen en la cripta de la catedral de la Almudena, donde los Franco cuentan con un panteón familiar. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado varias enmiendas a la reforma de la Ley de Memoria Histórica para impedir por Ley que el dictador acabe enterrado en un lugar que se preste al enaltecimiento o a la exaltación del público como lo sería la catedral madrileña.
Este proyecto de reforma deriva del decreto Ley de exhumación de Franco, que está en vigor desde su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre. El plazo de enmiendas sigue abierto gracias a las sucesivas prórrogas pedidas por los grupos y, teniendo en cuenta el parón de enero y la fase de tramitación parlamentaria que corresponde al Senado, se calcula que los cambios que pudieran introducirse no serán realidad hasta mayo, como muy pronto.
Por este motivo, es posible que la orden de exhumación se produzca antes de que la reforma de la Ley de Memoria Histórica entre en vigor, es decir, de que se haya prohibido por Ley que los restos puedan ser enterrados en un lugar en el que puedan ser enaltecidos.
Sin embargo, hoy mismo, el jefe del Ejecutivo precisaba que se puede impedir que el dictador acabe enterrado en la cripta de la Almudena aunque no haya culminado la tramitación de la Ley. "El Estado tiene herramientas para impedirlo", ha afirmado.