La Fiscalía Europea informó este jueves de que ha acudido a las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas para solicitar datos referidos a una causa por un posible fraude con el dinero europeo empleado en comprar las pulseras telemáticas con las que se vigila a maltratadores.
Así lo ha informado la Fiscalía Europea en un comunicado publicado este jueves desde Luxemburgo, en el que ha precisado que las actuaciones están siendo dirigidas por su oficina en Madrid y que cuentan con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
"Estas medidas se han adoptado en una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medidas cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género", se lee en el escrito.
La investigación se sigue por "un presunto delito de fraude" en el uso de esos fondos. Las pulseras se emplean para controlar que se cumplen las medidas cautelares y las condenas impuestas en casos de violencia de género.
De esta forma, la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato llega a las sedes de Igualdad y del Tribunal de Cuentas. La nota no detalla qué documentos se han requerido ni si hay investigados. Tampoco explica qué papel tiene en los hechos el órgano fiscalizador.
45 millones de fondos europeos
El caso arranca de una denuncia que la Oficina Antifraude de la Intervención General del Estado envió a la Fiscalía Europea en noviembre de 2025. En ella alertaba de que el ministerio podía haber conseguido y administrado de forma irregular unos 45 millones de euros de los fondos de recuperación para financiar el seguimiento telemático de agresores.
En concreto, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, explicó entonces que la adquisición de estos dispositivos figura como el hito 472 del plan de recuperación español y que su cumplimiento sería evaluado por Bruselas cuando España presentase su octava solicitud de pago.
Más recientemente, el pasado mes de marzo, la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo decidió mantener abiertas dos peticiones ciudadanas sobre los fallos de las pulseras antimaltrato, presentadas por la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (ANAVID), a la espera de que el Ejecutivo comunitario aclarase si se había producido un uso indebido de fondos europeos.
Uno de los puntos que la oficina señalaba como irregular era el documento con el que Igualdad justificó su solicitud de esos fondos. La gestión del sistema Cometa, que antes llevaba Telefónica, había pasado en octubre de 2023 a Vodafone y Securitas Seguridad España, que concurrieron en unión temporal. El relevo exigió trasladar todos los datos al nuevo operador.
Ese traspaso es el origen de los problemas que reveló en septiembre de 2025 la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Durante un tiempo no pudo accederse a parte de la información de las pulseras, lo que acabó en causas archivadas y agresores absueltos. El departamento de Ana Redondo sostuvo que el fallo quedó resuelto en 2024.
Posteriormente, el ministerio sancionó a Vodafone con 25.285 euros por la interrupción del servicio del 11 de noviembre de 2025.

