Un abogado murciano denuncia la falta de imparcialidad del jefe de la inspección educativa que avala el "pin parental".

Diego de Ramón asegura que no existe ninguna base legal o jurisprudencial que respalde, legitime o apoye el informe del Jefe de Inspección al manifestar, por ejemplo, que “las actividades en los planes de educación que integran el proyecto educativo del centro, no se regulan de forma expresa en los distintos decretos reguladores de las enseñanzas de primaria, secundaria obligatoria y bachillerato”.

El abogado Diego de Ramón añade que es nulo de pleno derecho dicho informe de la consejería de Educación “por la total falta de imparcialidad al ser redactado por una persona que se ha visto premiada o beneficiada a través de la tolerancia en la contratación de obras de dicha consejería a una mercantil formada por el hijo de dicho inspector jefe”.

En el escrito que Diego de Ramón presentó ante el ministerio de Justicia el pasado 20 de febrero, detalla 21 proyectos de obra millonarios que la consejería de Educación adjudicó, entre 2007 y 2011, a la empresa ZORA Arquitectura e Instalaciones de la cual es socio fundador uno de los hijos del Jefe de Inspección educativa que firma el informe que legitima el pin parental. Diego de Ramón advierte de que dicha mercantil, que nació con una capital social de 3.012 euros en 2007, tenía a los seis años un activo de 25 millones de euros de patrimonio neto y pasivo, y un patrimonio neto de 5,3 millones de euros. “Los servicios jurídicos de la consejería de educación, en contratación, no detectaron que esta sociedad era de los hijos que ahora hace el informe de la inspección a favor del pin parental” subraya el abogado murciano en su escrito ante el Ministerio de Justicia.

Diego de Ramón alega que también es nula de pleno derecho la resolución de 29 de agosto de 2019 de la secretaria general de Educación y Cultura porque atenta contra el principio de igualdad y discrimina a los centros educativos de la región puesto que el "pin parental" se aplica únicamente a los centros de Primaria, Secundaria y Bachillerato “pero no contempla a los Centros de Enseñanzas Artísticas, que deja fuera de la instrucción, en cuyos centros existen o acuden alumnos desde los 8 hasta los 17 años de edad.

El abogado murciano, que pide audiencia al Ministerio de Justicia, solicita la depuración de responsabilidades civiles patrimoniales.