Pin parental. Onda Cero accede a los informes elaborados por la Consejería de Educación para legitimar el pin parental

Onda Cero ha tenido acceso a los dictámenes de la Inspección de Educación y del Servicio Jurídico de la Secretaría General que la Consejería de Educación encargó con la instrucción educativa ya remitida a los centros escolares.

El jefe de la inspección educativa, Jerónimo de Nicolás Carrillo, interpreta que “las actividades incluidas en los planes de actuación que integran el proyecto educativo del centro, si bien los distintos decretos reguladores de las enseñanzas de primaria, secundaria obligatoria y bachillerato prevén la integración de diversos planes en el citado documento institucional, no regulan de forma expresa el carácter obligatorio y evaluable de las mismas”.

El jefe de la inspección educativa considera que “cuando en la impartición de actividades intervienen personas ajenas al claustro...sobre las que no recae la obligación de neutralidad ideológica…pueden introducir concreciones en la manera de su exposición o realizar explicaciones que incurran en propósito de adoctrinamiento desviado de los fines educativos, que sobrepasen los límites del derecho de los padres”.

El informe jurídico fechado en octubre de 2019 y que firman la técnico consultora Paula Molina y la Jefa del Servicio Jurídico, Conchita Fernández, considera adecuada la instrucción educativa que exige el consentimiento de los padres para que sus hijos participen en las actividades complementarias que vaya a ser impartidas por personas que no pertenezcan al centro porque “se debe velar por el respeto a las convicciones ideológicas o filosóficas de los padres”. Ambas consideran que “la enseñanza sobre materias delicadas o controvertidas en la escuela pública, no puede, por tanto, adoctrinar, sino que debe estar presidida por la objetividad, neutralidad, el respeto al pluralismo y apoyarse en criterios científicos”.

El Ministerio de Educación interpuso el pasado 18 de febrero recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Murcia contra el pin parental y pidió con carácter de urgencia, la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión de las instrucciones recurridas. El ministerio considera que el permiso parental aprobado por la Región de Murcia afecta al derecho fundamental de los menores a la educación y que debe prevalecer el interés público frente al “meramente particular” de los padres.

La Abogacía del Estado entiende que atribuir a los progenitores esa facultad “lamina el carácter obligatorio de dichas actividades complementarias por otorgarles un derecho a vetarlas o autorizarlas”.

El TSJ de Murcia admitió el recurso del Gobierno contra el pin parental el pasado 19 de febrero y dio traslado a la administración autonómica para que en el plazo de 10 días expusieran lo que estimaran procedente sobre la suspensión cautelar de la instrucción solicitada por el Ministerio de Educación.

El gobierno murciano ha reiterado que sólo retirara el pin parental si así lo determinan las instancias judiciales. "Vamos a acatar la decisión que tome el TSJ" declaró la consejera de Educación, Esperanza Moreno. Desde el gobierno murciano insisten en que el "pin parental" implantado en la región de Murcia "está avalado tanto por informes jurídicos como de la inspección de educación".