El SMS suspende la ejecución del contrato de las ambulancias que ganó La Generala al carecer de medios para prestar el servicio.

El SMS ordenó el pasado 12 de mazo suspender el inicio de la ejecución del contrato de las ambulancias que adjudicó a la UTE formada por Ambulancias DoAtlántico, Ambulancias Sánchez y Ambulancias Mar Menor “hasta que se dicte una nueva resolución”. Detrás de dos de las tres empresas (DoAtlántico y Mar Menor) se encuentra el Grupo Generala a través de su filial Orthem y ganó un contrato por importe de 300 millones de euros para prestar el servicio de transporte sanitario durante ocho años.

Para suspender el inicio de la ejecución del contrato, el SMS apela a la “excepcional situación de emergencia sanitaria motivada por la pandemia del coronavirus” y “estima necesario por motivos de salud pública la continuidad del servicio con las empresas del anterior contrato en tanto se mantenga esta situación”. El SMS atribuye la suspensión de la ejecución del contrato “a la complejidad y las dificultades operativas y logísticas actualmente existentes a la hora de proceder a la sucesión de las empresas a la hora de prestar un servicio esencial y que incide directamente en las actuales condiciones”.

Las mercantiles que perdieron el concurso y que han tenido que seguir prestando el servicio de transporte sanitario tras la orden del SMS (Ambulancias Martínez Robles, Ambulancias Vega del Segura, Ambulancias Lorca, Murcia de Urgencias y Emergencias y Ambulancias Martínez) han recurrido en vía administrativa la resolución y piden “la inmediata rescisión del contrato a la empresa La Generala”. “Esto demuestra que teníamos razón. Denunciamos irregularidades graves y no nos hicieron caso” denuncia el gerente de Ambulancias Lorca, Fernando Pérez.

Alegan los recurrentes que “la razón real que subyace en esa decisión del SMS es el hecho de que los adjudicatarios del nuevo contrato carecen aún de los medios correspondientes para iniciar la prestación del servicio” y consideran que “con la suspensión acordada, el SMS viene a amparar y dar cobertura a unas empresas que han incumplido las exigencias establecidas en el pliego de condiciones”.

Los recurrentes han aportado pruebas documentales de que “las empresas que forman la UTE ganadora carecen de vehículos y de los locales para iniciar la prestación del servicio en el plazo impuesto”. La adjudicataria contaba con cuatro meses para la puesta en marcha del servicio, plazo que expiró el pasado 20 de marzo “y hemos comprobado a través del Ministerio de Transportes que no empezaron a inscribir ambulancias hasta el 27 de marzo. Después de cuatro meses desde la formalización del contrato resulta que carece de los medios exigidos por los pliegos y de los prometidos en su oferta para la ejecución del contrato” se queja Pérez que cree que la orden del SMS “encubre un privilegiado trato a una contratista incumplidora” y que “estamos ante una prevaricación de libro por lo que acudiremos a los tribunales de justicia”.

Las mercantiles recurrentes exigen al SMS no solo que pague por los servicios que se están prestando como consecuencia de la orden recibida, sino que indemnice a Ambulancias Martínez Robles en la cantidad de 1.065.000 euros; a Ambulancias Lorca en la cantidad de 336.945 euros; a Murciana de Asistencia y Emergencia en la cantidad de 540.000 euros; y a Ambulancias Martínez en la cantidad de 143.000 euros (con los intereses correspondientes en ambos casos) por los perjuicios que se les ha ocasionado ya que tras perder el concurso de las ambulancias “las empresas realizaron gestiones para vender los vehículos de transporte sanitario de su propiedad que formalizaron en diversos contratos de compraventa que han tenido que anular para poder seguir prestando el servicio sanitario”.

Fernando Pérez, que ha calificado de “infame e ilegal” la resolución del SMS, ha explicado que les avisaron el 12 de marzo de que debían continuar prestando el servicio sanitario “por lo que nos pilló sin equipos de protección individual y sin oxígeno para las ambulancias porque dábamos por hecho que íbamos a echar la persiana y a dejar prestar el servicio el 20 de marzo que oficialmente debía empezar a operar la ganadora del concurso”.

El gerente de Ambulancias Lorca advierte de que la suspensión acordada puede ocasionar un “palmario y manifiesto quebranto económico de las arcas públicas” ya que con la suspensión de la ejecución del contrato el SMS contrae la obligación de pagar no solo por la contraprestación del servicio de transporte sanitario que efectivamente se preste, sino también una indemnización a la UTE adjudicataria por no hacer nada como contempla la Ley de Contratos del Sector Público.

A preguntas de Onda Cero, la consejería de Salud ha respondido que “ante la incertidumbre generada, el SMS decidió que no procedía iniciar los cambios". Además, indican que desde la empresa explicaron que tenían parte del material en Italia y se habían cerrado fronteras europeas. Desde la Consejería de Salud recuerdan que este contrato fue avalado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, con dos resoluciones que rechazaron los recursos presentados por las otras empresas que optaron al concurso.

“Las irregularidades son de tal calado que un empresario textil de Lorca, José Miñarro Montoya, en representación de la mercantil Miñamar Inmo SL, en julio de 2019, tuvo que acudir al notario a hacer un acta de manifestaciones al conocer que había tenido conocimiento que una UTE formada por las empresas Ambulancias do Atlántico, Ambulancias Mar Menor y Ambulancias Sánchez había ofertado una nave de su propiedad como base logística en un concurso convocado por el SMS, sin que hubiese existido contrato, ni autorización, ni siquiera contacto para que la citada UTE haciera uso alguno de la citada nave y menos aún para que fuese presentada en un concurso público dando la apariencia de tener derecho de uso sobre ella”.

Según Fernando Pérez, informamos al Tribunal Administrativo Central (dependiente del Ministerio de Hacienda) de la falsedad documental y respondió que el asunto de la titularidad o no del inmueble, tal como estaba configurado el pliego, en nada afectaba al resultado final ni justificaba una hipotética exclusión de la adjudicataria”. Para el Tribunal Administrativo Central “ni tan siquiera por la supuesta falsedad del documento alegado por el recurrente puesto que a nuestro entender ni son falsas las fotos ni es falsa la existencia del edificio propiamente”. Dice el gerente de Ambulancias Lorca que “sería para echarse a reír si no hablásemos de un contrato de 304 millones de euros porque la respuesta del Tribunal Administrativo Central es más propia de los hermanos Marx”.

El contrato de transporte sanitario de la región de Murcia finalizó en julio de 2018. El nuevo concurso debería haberse convocado durante el primer trimestre de 2017 y “por motivos que se nos escapan no se convocó hasta agosto de 2018”. El grupo Orthem vinculado a la Generala no adquirió la empresa de ambulancias Do Atlántico hasta el 28 agosto de 2018 según datos del registro mercantil.

Grupo Orthem declaró en junio de 2019 que era "absolutamente incierto que la UTE Ambulancias do Atlántico, Ambulancias Mar Menor y Ambulancias Sánchez no tenga estructura para asumir los ocho lotes que ha ganado, ni sea incapaz de gestionar con la calidad adecuada la operativa de las ambulancias de la región de Murcia".

En octubre de 2019, PP, Cs y VOX votaron en contra de la propuesta del PSOE, principal partido de la oposición, de crear una Comisión Especial de Investigación sobre el proceso de licitación y adjudicación del transporte terrestre sanitario en la Comunidad. Esta iniciativa solo recibió el apoyo del propio Grupo Socialista y Podemos-Equo.