Entidades sociales y vecinales del barrio de Benimaclet, en València, consideran que no es una actuación propia de una democracia que un agente de policía se infiltre en una actividad de carácter social y afirman es más una política de actuación heredada delfranquismo.
No entienden que necesidad hay de malgastar los recursos públicos en infiltrarse en los movimientos sociales cuando su trabajo está centrado en defender los intereses ciudadanos y ayudar a todo aquel que lo necesite. El portavoz de Cuidem Benimaclet, CarlosMarcos, reitera que los objetivos de la entidad son públicos y no había motivos para una actuación de estas características.
Exigen responsabilidades políticas no solo al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sino al gobierno de coalición de conforman PSOE y Unidas Podemos puesto que recuerdan ha sido una actuación ilegal que no responde a ninguna investigación judicial ni estaba autorizada por ningún juez.
Recuerdan que la infiltración policial está regulada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y prevista en casos de crimen organizado, con autorización y control judicial.
