Al debate político sobre el agua se suma ahora también la acción judicial. Castilla-La Mancha ha aprobado personarse en los recursos que algunas comunidades autónomas han presentado o presentarán contra los caudales ecológicos del Tajo, como la Generalitat Valenciana, que presentó su escrito este miércoles ante el Tribunal Supremo contra esos caudales porque entiende que suponen "un recorte del trasvase Tajo-Segura".
Por otra parte, la Región de Murcia también ha anunciado que en los próximos días recurrirá el decreto del Gobierno central por "falta de criterios técnicos" y califica de "paripé" el que ha presentado el Consell. "Yo diría, más bien, que es un 'recursito' para quedar bien, para cumplir y, por supuesto, para no molestar a su líder nacional y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez", ha afirmado Marcos Ortuño, portavoz del Ejecutivo murciano.
El recurso de la Generalitat va contra la nueva disposición adicional que afecta al incremento escalonado de las caudales ecológicos que aparecen en el Plan del Tajo, una decisión que para la Generalitat Valenciana "no se fundamenta en criterios técnicos". Sin embargo, la Región de Murcia no está de acuerdo con la posición de la Comunitat porque aseguran que ésta "asume una parte del recorte del trasvase", algo, según Ortuño, "inaceptable" para los murcianos.
En cualquier caso, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha trasladado que se personarán en estos recursos: "Por primera vez en muchos años, iremos a los tribunales, pero no para recurrir, criticar o anular decisiones, sino para defender las que se han tomado y que, afortunadamente, son las primeras que van en la direccion del propio río Tajo".
Mientras tanto, el 'president' de la Generalitat , Ximo Puig, frente a las críticas, dice que prefiere alejarse de la "confrontación". "Siempre hemos optado por el camino de la defensa de los intereses de los regantes y del diálogo permamente para conseguir agua para siempre". En ese sentido, ha asegurado que el Consell no va a "entrar en guerras del agua que lo único que producen es barro, inquietud e incertidumbre".
Puig ha asegurado que cada uno "tiene derecho a acudir a los tribunales" y la "reivindicación política en el marco de su responsabilidad", por ello, el Gobierno valenciano, "en el ámbito de su responsabilidad", ha decidido recurrir porque "no está de acuerdo en cómo ha quedado" la disposición novena del Real Decreto que revisa el plan hidrológico del Tajo, aunque otros aspectos le parezcan "positivos".
