La Fiscalía Anticorrupción ha elevado hasta los nueve años y dos meses --solicitaba nueve-- la petición de cárcel para el que fuera vicealcalde de València, Alfonso Grau, mano derecha de la exalcaldesa, Rita Barberá, por la presunta 'caja B' del PP, la pieza A del caso Imelsa.
A los dos meses más para Grau se suman otros dos para el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas y el exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón, para los que reclama cinco años y dos meses de prisión --inicialmente pedía cinco--. En total, la suma es de dos meses más para los tres acusados al añadirles el delito continuado de falsedad.
Por su parte, el fiscal mantiene la pena de un año de cárcel para la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster por un delito de cohecho.
La acusación popular, ejercida por Compromís, se ha adherido a lo reclamado por el ministerio público. Por otro lado, las defensas han pedido la absolución para sus representados.
El fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones --con algunas variaciones respecto a su escrito de calificación inicial-- en la novena sesión del juicio que se sigue en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia contra Grau, Santón, Salinas y García Fuster por una presunta financiación irregular en las campañas electorales del PP de València en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas.
Fiscalía ha explicado que en su nuevo escrito de calificación se suprime el delito de blanqueo que figuraba inicialmente en la causa, el conocido como 'pitufeo', al archivarlo la Audiencia. Sí mantiene el delito continuado de malversación para Grau, Salinas y Santón y les añade el delito de falsedad documental. A Grau también le imputa un delito de cohecho y, a Fuster, otro delito de cohecho.
En relación con el delito de falsedad, el fiscal ha explicado que, tal y como expondrá en su informe el próximo lunes, diversos contratos cuestionados y que obran en el procedimiento se pagaron y no se realizaron los trabajos. "Es uno de los instrumentos para cometer la malversación", ha dicho.
Además, el fiscal ha introducido en su escrito definitivo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas puesto que la causa fue incoada por el juzgado en el año 2016, dos ejercicios más tarde, en 2018, Fiscalía solicitó una prórroga y no se practicó ninguna diligencia relevante hasta el auto de incoación en 2021.
Por otro lado, ha reclamado que se deduzca testimonio por posible delito de falso testimonio a un exasesor de Grau, testigo clave de la Fiscalía, por cambiar su versión en el juicio, que fue totalmente opuesta a lo que dijo ante la Guardia Civil y en la fase de instrucción.
La acusación popular se ha sumado a lo reclamado por el fiscal mientras que las defensas han insistido en la absolución para sus representados añadiendo la atenuante de dilaciones indebidas. El lunes expondrán sus informes las acusaciones: Fiscalía y la acusación popular, mientras que el martes será el turno de las defensas.
