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Tatiana Sonsoles Recorder

El juez cita a la exresponsable jurídica de la Asamblea de Madrid en el 'caso Púnica'

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha citado como investigada a la exjefa de los servicios jurídicos en la Asamblea de Madrid en relación a los contratos de adjudicación de los servicios de cafetería en la sede del parlamento madrileño al empresario Arturo Fernández en 2009.

EFE | Madrid | 05/10/2017

La UCO registra un instituto de formación de UGT por el caso de las facturas falsas

La UCO registra un instituto de formación de UGT por el caso de las facturas falsas / EFE

Según han informado fuentes jurídicas, el juez ha citado para el 18 de octubre a Tatiana Sonsoles Recorder para interrogarla acerca de esta adjudicación, que llevó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a pedir que se investigara al respecto a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y también por otra de 2011.

Ella entonces presidía la mesa de contratación de esas licitaciones como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y a su vez participó en los comités de expertos que decidieron la concesión al grupo de Arturo, empresario que previamente había ingresado 160.000 euros en la fundación Fundescam que se utilizaron presuntamente para financiar ilegalmente al PP.

El anterior instructor de Púnica, Eloy Velasco, decidió no proceder contra Cifuentes por entender que no hay pruebas de que esté implicada en la presunta financiación ilegal del PP madrileño, que se investiga en una de las 14 piezas separadas de Púnica.

Lo que sí constató Velasco, en un auto del 6 de marzo, es la existencia de "sólidos indicios" que acreditarían que empresarios como Arturo Fernández "fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes".

Contratos "donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas", afirmaba sin aludir a Cifuentes.

"Los procedimientos de adjudicación de las cafeterías y servicios presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas, posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites de informe", indicaron también en un escrito las fiscales del caso.

A su juicio, el sistema de recompensa a donantes del PP con contratos públicos era otro de los caminos utilizados para la "financiación irregular de excesos electorales".