El PP recurre las restricciones al tráfico en Madrid y solicita medidas cautelares

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha informado de este recurso en declaraciones a los medios durante la concentración convocada por la Plataforma de Afectados por Madrid Central frente al Palacio de Cibeles, a la que ha asistido.

La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado hoy en una sesión extraordinaria el proyecto para cerrar al tráfico el centro de la ciudad, al que solo podrán acceder sus vecinos y quienes conduzcan vehículos no contaminantes, salvo excepciones.

Fuentes del grupo municipal del PP han señalado a Efe que el recurso fue presentado la semana pasada ante el TSJM contra la nueva ordenanza de movilidad sostenible, que limita a 30 kilómetros por hora la velocidad de circulación en las calles de un único carril por sentido y fija además el funcionamiento del área Madrid Central.

En el recurso, al que ha tenido acceso Efe, el PP argumenta que la puesta en marcha de Madrid Central implicará "un importante esfuerzo económico para el Ayuntamiento, con indudable repercusión presupuestaria en el presente y futuros ejercicios".

Porque, según explica el recurso, para cumplir las medidas de Madrid Central será necesario implantar nuevos dispositivos tecnológicos o sistemas de control de detección de infracciones, colocar nueva señalización vertical y horizontal en las zonas afectadas, o instalar en los aparcamientos municipales sistemas que informen en tiempo real de la ocupación, entre otras cosas.

Implicará gasto público en materia de personal (Policía Municipal, Agentes de Movilidad, técnicos municipales en materias como planificación viaria o transporte, etc.); en materia de recursos materiales (semáforos, señalización, radares, cámaras, etc.); recursos tecnológicos o servicios (contratas externas como medios del Centro de Gestión de la Movilidad, contratas del SER, etc.).

De ahí que el PP considere "imprescindible y ajustado a la ley realizar una memoria económica que detalle esas posibles repercusiones presupuestarias", que cuantifique los gastos previstos, que explicite si habrá cofinanciación de otras administraciones o entidades privadas, y que estime cuántos recursos humanos, materiales y tecnológicos harán falta.

"Hay que hacer especial mención de la gravedad que supone aprobar una Ordenanza de Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid sin disponer de ningún documento -léase memoria económica o informe de viabilidad - que acredite la legalidad y aporte la seguridad jurídica necesaria en las cuentas públicas de esta Administración, comprometiendo tanto los gastos como los ingresos públicos, y con ello el dinero de los ciudadanos madrileños", sostiene el recurso.

Por eso el PP pide que se suspenda cautelarmente su puesta en marcha, porque no solo no supone "ningún perjuicio" al interés general, sino al contrario, "es precisamente el interés público el que demanda la adopción de la medida a fin de garantizar los derechos que se pretenden conculcar".

En sus declaraciones a los medios, Almeida ha recalcado que desde el Ayuntamiento no ha habido "ningún tipo de voluntad de diálogo ni de entendimiento" a pesar de que la medida va a "perjudicar" al centro de la capital y al conjunto de la ciudad.

Ha criticado también la "deslealtad" del Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid, que es "digna de estudio", ya que no ha transmitido la información necesaria para coordinar las medidas de transporte necesarias.

"Es una medida improvisada, chapucera", ha dicho el portavoz popular, que cree que se debe al interés partidista del equipo de Carmena, que quiere que esta medida sea "un enganche electoral". "Pretenden organizar una fiesta y que la paguemos los demás", se ha quejado.