Los sindicatos han pedido a la institución provincial que intervenga para solucionar este conflicto colectivo y cambiar el modelo de gestión del servicio de ayuda a domicilio en Ciudad Real.
Consideran que el actual modelo no sirve y creen que es el momento de que la Diputación ponga en marcha una especie de consorcio al igual que sucede por ejemplo en Albacete, donde todas las trabajadoras tienen las mismas condiciones de trabajo y no se encuentran en manos de las empresas, según ha manifestado Juan Carlos García, responsable de Negociación Colectiva de la federación Hábitat de CCOO en Castilla-La Mancha.
El próximo 3 de mayo se va a celebrar un acto de mediación a petición de la parte empresarial para intentar alcanzar un acuerdo sobre el convenio de ayuda a domicilio que afecta a 2.000 trabajadores en la provincia, la mayoría mujeres.
RESPUESTA DE LA DIPUTACIÓN
La Diputación de Ciudad Real invita a los sindicatos a lograr acuerdos para las trabajadoras de la ayuda a domicilio con las empresas del sector en la provincia.
El Equipo de Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, afirma que entiende la preocupación y apoya las reivindicaciones que viene haciendo públicas estos días, mediante concentraciones y actos de protesta, el colectivo de las trabajadoras de la ayuda a domicilio.
Y, en este sentido, la institución provincial invita a los sindicatos a promover todas las gestiones, actuaciones y conversaciones que sean necesarias ante las empresas para lograr acuerdos que beneficien a las trabajadoras de la ayuda a domicilio similares a los existen en las provincias de Toledo, Cuenca y Guadalajara.
Informa esa nota que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impide la creación de Consorcios en los que participen los ayuntamientos con el objetivo de regular la prestación del servicio de ayuda a domicilio en los pueblos de la provincia, dado que no es una competencia de la institución provincial.
En la actualidad es imposible, continua ese texto, que la Diputación inicie un proceso administrativo en esta línea, ya que se traduciría en la asunción de una competencia impropia, algo que prohíbe de forma taxativa la normativa legal vigente desde el año 2013.
