El ayuntamiento de Palma ha detectado que se están comercializando en la ciudad al menos siete infraviviendas, es decir, espacios que carecen de cédula de habitabilidad. Se trata de estudios o minipisos que no cumplen los requisitos mínimos para vivir en ellos porque miden menos de 26 metros cuadrados o no cuentan con suficiente luminosidad y ventilación natural.
Por ejemplo, un estudio de 18 metros cuadrados en alquiler por 480 euros al mes en Cala Major. O un apartamento de 24 metros cuadrados que se vende por 125.000 euros en el edificio Pullman, parcialmente ocupado y en estado de degradación.
La regidora de modelo de ciudad y vivienda digna de Palma, Neus Truyol, habla de "abuso" y "especulación", y señala a todos los actores porque bancos, inmobiliarias y particulares están detrás de la oferta de estas infraviviendas. "No solo se actúa sin escrúpulos, es que actúan sin ética, porque están ofreciendo un espacio ilegal, que no es legal que lo ofrezcan como vivienda y, además, a un precio que multiplica lo razonable por las condiciones de este espacio que quieren ofrecer".
El ayuntamiento de Palma trasladará estos siete casos al Govern para que inicie un expediente sancionador. La ley autonómica establece multas de hasta 30.000 euros.
