El Ejecutivo autonómico no quiere aportar esas cifras, ya que considera que el decreto que modifica la ley de Extranjería, pactado entre el PSOE y Junts, es inconstitucional. El Gobierno aragonés considera que invade competencias de las Comunidades Autónomas y que, con los criterios de reparto, Cataluña apenas recibirá menores. La ministra portavoz, Pilar Alegría, recuerda que Aragón es el único territorio que no ha colaborado en la aplicación de esta norma que es de obligado cumplimiento.
Pese a la postura del Gobierno y a la aprobación de ese recurso, el ejecutivo autonómico se niega a aportar los datos en coherencia con el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el decreto-ley. La vicepresidenta, Mar Vaquero, insiste en que el ejecutivo va a seguir defendiendo a los aragoneses frente a un acuerdo que ha dejado la política de inmigración en manos de un prófugo de la justicia.
El Gobierno de España tiene dos meses de plazo para acudir al Constitucional ante cualquier discrepancia con las comunidades. En el caso de este decreto- ley el plazo concluía el lunes. Desde Moncloa confían en llegar a un acuerdo con el Gobierno aragonés que siempre ha insistido en que cumplirán con la legalidad.
