En ese encuentro el ministerio de Política Territorial tiene previsto fijar los criterios para el reparto de los 4.000 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias. El Ejecutivo autonómico ha recurrido esta norma porque considera que hay un trato favorable a los intereses de Cataluña.
Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón siguen trabajando para presentar el recurso en el Tribunal Constitucional en contra del Real Decreto Ley, puesto que éste, además de no ser un instrumento jurídico admitido por nuestra Constitución para regular los derechos de los menores migrantes no acompañados, invade las competencias autonómicas y conculca los principios de igualdad entre las CCAA, considerándolo un ejemplo más de la sumisión del actual Gobierno de España respecto a sus socios independentistas.
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha insistido en que el reparto de menores inmigrantes es "inconstitucional, quiebra el principio de igualdad y se ha dictado a la orden de una comunidad autónoma" para dejar claro que el Ejecutivo autonómico "seguirá defendiendo que hay una invasión de competencias autonómicas y que se vulneran" varias leyes.
Susín ha respondido de esta forma a las manifestaciones vertidas desde la Abogacía del Estado en el sentido de que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Aragón contra este reparto de menores quedaría desestimado.
Ha recordado que la Abogacía del Estado tiene diez días para responder y ha estimado que "como es su obligación, ha pedido que no se admita el recurso, pero esos 10 días eran para las medidas cautelares".
