Si "las páginas web" lo permiten, el Gobierno de Aragón presentará hoy el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley que impone el reparto de menores migrantes no acompañados. Desde el ejecutivo insisten en que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y Junts invade competencias autonómicas, imponiendo una distribución injusta que quiebra el principio de igualdad territorial.
La consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, cree que ese pacto, por el que Cataluña apenas recibiría 26 menores, demuestra la xenofobia del partido de Puigdemont. Ese acuerdo, que dinamita los criterios de atención acordados en 2022 entre las comunidades, sólo responde a los intereses de Pedro Sánchez, dejando de lado el interés superior del menor. Se pactó a espaldas del resto de territorios y trata a los menores "de forma insolidaria, injusta y les deshumaniza", según Susín. Además de recurrir la modificación del decreto ante el Tribunal Constitucional, no descartan acudir, si es necesario, a instancias europeas.
Ayer las comunidades y el Gobierno de España iban a tratar el reparto en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Madrid, pero finalmente fue cancelada debido al apagón. De momento, el Ministerio ha propuesto una nueva fecha. Cabe recordar que el Gobierno de Aragón también recurrió ante la justicia la convocatoria de esa reunión, así como la petición de datos sobre menores tutelados realizada por Ministerio para planificar el reparto. En ese sentido, las cautelares solicitadas por el ejecutivo autonómico ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid están en suspenso a la espera de que resuelva el recurso presentado por la abogacía del Estado, contraria a la postura mantenida por Aragón en este asunto. Desde el Pignatelli se niegan a aportar la información sobre plazas ocupadas o disponibles o sobre el número de menores actualmente atendidos aquí.
