La Ciudad de la Justicia de Almería acogerá esta semana el juicio contra 30 personas acusadas de integrar una presunta red que habría facilitado la obtención fraudulenta de permisos de residencia a mujeres marroquíes en situación irregular mediante denuncias falsas por violencia de género.
La Fiscalía solicita ocho años y medio de prisión para el supuesto ideólogo de la trama. Para los 13 hombres presuntamente implicados, el Ministerio Público reclama penas de nueve meses de cárcel, según el escrito provisional de acusación.
La causa identifica asimismo a 16 mujeres que, presuntamente, habrían conseguido beneficios ilícitos a través de estas denuncias, tanto permisos de residencia como prestaciones de la Seguridad Social al figurar como víctimas vulnerables. Para ellas se piden penas de hasta cinco años y tres meses de prisión.
Agresiones simuladas en lugares públicos
Los hechos investigados se sitúan entre 2017 y 2019. Según la Fiscalía, el principal acusado habría diseñado el plan junto a otra persona sobre la que pesa una orden de búsqueda y detención.
El objetivo era facilitar a mujeres sin residencia legal en España el acceso a autorizaciones excepcionales como víctimas de violencia de género. Para ello, los supuestos organizadores les habrían explicado el procedimiento y las habrían puesto en contacto con hombres dispuestos a participar en el plan a cambio de cantidades que podían alcanzar los 4.500 euros.
De acuerdo con la acusación, las mujeres y los hombres debían acudir a espacios públicos y, una vez allí, estos últimos simulaban agredirlas ante posibles testigos. Los episodios se habrían producido en avenidas, paseos marítimos, cafeterías, bares, parques y accesos a colegios de Almería, Aguadulce, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido y Almerimar, entre otros puntos.
Denuncias y sentencias de conformidad
Tras las supuestas agresiones, las mujeres debían declarar ante la Guardia Civil y el juzgado de guardia que el agresor era su pareja, pese a que no existía relación sentimental entre ambos.
Según sostiene el Ministerio Fiscal, los hombres conocían que su actuación podía servir para que las mujeres obtuvieran permiso de residencia, aunque no sabían que estas iban a presentarlos como parejas ni que posteriormente solicitarían ayudas públicas.
Las denuncias daban lugar a juicios rápidos mediante diligencias urgentes. En esos procedimientos, los hombres reconocían los hechos y aceptaban condenas por lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer, unas penas que, por su menor gravedad, podían evitar el ingreso efectivo en prisión.
Con las sentencias condenatorias, en las que figuraban como víctimas, las mujeres acudían pocos días después a la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno para solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. La Fiscalía señala que, a través de este mecanismo, habrían obtenido permisos con una vigencia de cinco años.
Prestaciones presuntamente indebidas
La acusación mantiene que la red también informaba a las mujeres de que esas sentencias podían permitirles acceder a prestaciones por desempleo o, en caso de trabajar, a ayudas de la Seguridad Social por incapacidad temporal o por nacimiento y cuidado del menor.
Entre los casos investigados figuran cobros vinculados al Programa de Renta Activa de Inserción para víctimas de violencia de género. Algunas de las acusadas habrían percibido ayudas de hasta 5.600 euros de forma indebida, cantidades cuya devolución se reclama en el procedimiento.
La Fiscalía atribuye al supuesto autor intelectual un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, otro contra la Seguridad Social y un tercero de falso testimonio. El resto de acusados se enfrenta, según su grado de participación, a delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falso testimonio y, en nueve casos, delitos contra la Seguridad Social.
El juicio está señalado para el 7 de octubre en el Juzgado de lo Penal número 3 del Tribunal de Instancia de Almería.
