Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio de la vivienda en la que había residido durante más de siete décadas se convirtió en símbolo de las protestas por la vivienda en Madrid, ha fallecido.
Su caso provocó una importante movilización social después de que el pasado 23 de septiembre fuera ejecutado su desahucio de la vivienda situada en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro.
Aquel día, cientos de personas se concentraron frente al inmueble para intentar evitar el lanzamiento. Tras varias horas de intervención policial, Maricarmen salió de su casa en camilla y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde permaneció ingresada.
"Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", ha señalado el Sindicato de Inquilinas, en un comunicado donde ha lamentado que "si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante".
Había conseguido un acuerdo para regresar a su casa
El fallecimiento se produce después de que los representantes de Maricarmen y la propiedad alcanzaran finalmente un acuerdo que contemplaba su regreso a la vivienda de la que había sido desahuciada.
El pacto, alcanzado con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, establecía un nuevo contrato de alquiler durante ocho años y una renta que no superaría el 30% de sus ingresos netos.
Maricarmen conoció el acuerdo mientras continuaba hospitalizada en el Gregorio Marañón y, según trasladó entonces su abogada, se mostró "muy contenta" ante la posibilidad de regresar a la que había sido su casa durante prácticamente toda su vida. Sin embargo, su estado de salud había impedido que recibiera el alta y pudiera volver al inmueble.
Su desahucio desencadenó las protestas de Sol
El caso de Maricarmen trascendió rápidamente el conflicto particular con la propiedad y se convirtió en uno de los principales símbolos de la crisis de acceso a la vivienda.
Tras su desahucio comenzaron las movilizaciones que desembocaron en la acampada de la Puerta del Sol, mientras su situación entraba también en el debate político sobre las medidas para proteger a personas vulnerables frente a los lanzamientos.
Su caso llegó incluso a ser utilizado como referencia por una jueza madrileña para paralizar cautelarmente otros ocho desahucios y reclamar a las administraciones soluciones habitacionales efectivas para personas vulnerables.
Maricarmen había vivido en el piso desde mediados de los años cincuenta. Su padre firmó el contrato de arrendamiento en 1956 y, tras diferentes subrogaciones familiares, ella continuó residiendo allí hasta el lanzamiento del pasado septiembre.
El desahucio se ejecutó después de varios intentos anteriores y tras un largo procedimiento judicial que terminó llegando al Tribunal Supremo.
Su fallecimiento se produce cuando su caso continuaba estando en el centro de las movilizaciones por la vivienda y antes de que pudiera materializarse el acuerdo que le permitía regresar a su hogar.
