La marcha por la vivienda celebrada en Valencia concluyó con al menos cinco personas detenidas y nueve policías heridos, después de que los agentes se viesen obligados a cargar contra algunos de los manifestantes, que les lanzaron diversos objetos.
La manifestación, secundada por miles de personas y convocada entre otros colectivos por el Sindicato de Inquilinos o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, arrancó a las 11.00 horas desde la Puerta del Mar con destino al Palacio de las Artes Reina Sofía, a poco más de un kilómetro.
Los manifestantes intentaron irrumpir un acto sobre el sector inmobiliario
Durante el recorrido, la marcha transcurrió sin incidentes, pero la situación cambió al llegar al final de la misma, donde un grupo de manifestantes trató de romper el cordón policial desplegado ante el Palacio de las Artes, donde se celebraba un evento inmobiliario. Algunos de ellos comenzaron a lanzar adoquines, bengalas y vallas contra los agentes, los cuales se vieron obligados a cargar y a disparar pelotas de goma contra estas personas.
El resultado, según apuntaron fuentes policiales, fue de nueve efectivos heridos de diversa consideración y al menos cinco personas detenidas.
Desde la Policía lamentan la falta de medios
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunciaron la "escalada de violencia" en Valencia y volvieron a exigir la "recuperación el principio de autoridad". "Una reivindicación legítima no puede servir de cobertura para la violencia", señalaron, mientras recordaban que llevaban días avisando de la "necesidad de anticiparse a la actuación de elementos radicales antisistema " en protestas de este tipo.
En este sentido, insistieron en que "romper un cordón policial, enfrentarse a los agentes o agredir a quienes están garantizando el ejercicio de un derecho fundamental no puede normalizarse ni quedar socialmente justificado por la reivindicación que haya detrás de una protesta", por lo que reiteraron su reclamación de que se reconozca su profesión como "de riesgo.
Unas quejas similares a las que expresó el sindicato Jupol, que también hizo hincapié en los avisos sobre "grupos antisistema infiltrados" y "el riesgo de que las decisiones políticas se impusieran sobre los criterios operativos de los mandos policiales".
Así, denunciaron que "un dispositivo claramente infradimensionado" y una actuación "sin la contundencia necesaria" habían "comprometido gravemente" la "integridad y seguridad" de los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Y apuntaron a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como "única responsable".
