La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), Justicia Alimentaria y Facua han anunciado este martes una huelga de compras dirigida a no consumir en supermercados, hipermercados ni grandes cadenas todos los miércoles hasta el día de la huelga general del 11 de noviembre. Con esta huelga de compras, los sindicatos pretenden que la ciudadanía no efectúe compras en grandes superficies este miércoles 28 de octubre y el próximo 4 de noviembre. Durante estas jornadas, las entidades llaman a paralizar por completo el consumo tanto en tiendas físicas como online.
Los promotores de esta huelga han aclarado que la protesta "no va contra el pequeño comercio", sino contra los grandes supermercados. Es por eso que instan a la sociedad a unirse a esta huelga y realizar las compras en mercados municipales, comercios de barrio, cooperativas o compra directa a productores, a quienes también animan a sumarse a la huelga del 11N.
La inflación que afecta a la cesta de la compra
En este sentido, los organizadores de esta acción han señalado que la cesta de la compra cuesta actualmente más de un 40% más que en 2019, mientras que el salario medio se ha incrementado solamente un 21,9% en el mismo periodo. Asimismo, recuerdan que la inflación general cerró septiembre en el 4,9%. "La huelga de compras es la huelga de quien no puede hacer huelga en el trabajo", han explicado desde las organizaciones, animando a participar a colectivos de trabajadores precarios, autónomos, parados, pensionistas, estudiantes y cuidadores.
"Trabajar no garantiza llegar a final de mes"
Las tres organizaciones han llevado a cabo una alianza bajo el diagnóstico de que "trabajar ya no garantiza llegar a fin de mes". Según denuncian, el coste del alquiler absorbe los salarios y la cesta de la compra continúa al alza. "Mientras unos pocos baten récords de beneficios con lo que necesitamos para vivir, un techo y un plato en la mesa", han declarado los organizadores de la huelga de compras.
Entre las principales exigencias para este 'parón de compras' figuran:
- Reducción de los alquileres del 50%, vinculados a los ingresos, en sintonía con las reivindicaciones de la huelga general del 11N.
- Aplicación de controles de precios en la cesta de la compra, la energía y el transporte.
- Cesta de alimentos básicos a precio justo.
- Fijar topes a los márgenes de beneficio de las grandes cadenas e implantar un sistema de doble etiquetado para que los consumidores conozcan el precio abonado en origen.
Tanto el director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, como el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, han defendido que "comer no puede ser un privilegio" y que la ciudadanía debe saber "cuánto se paga en el campo y cuánto se queda la gran distribución".
