El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido este miércoles al Juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes de 'whatsapps' que se envió con el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón el día de la tragedia, y ha solicitado que la comparecencia prevista para el 9 de enero se produzca por medios telemáticos.
La jueza citó a declarar, en calidad de testigo, al líder nacional del PP a petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento. La instructora justificó su decisión en que este testigo podría "dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, "sobre la información que iba recibiendo".
Fuentes del PP han señalado que Feijóo ha trasladado un escrito al juzgado "para confirmar su absoluta disposición a colaborar con la instrucción", más en este caso, "por el obligado respeto que merecen las víctimas de la dana y a sus familiares".
En el documento remitido, el líder del PP ha solicitado que la comparecencia se produzca por medios telemáticos en virtud de la legislación vigente. Desde el PP han señalado que la jueza ofreció la posibilidad de remitir los mensajes de Carlos Mazón el día 29 de octubre de 2024 "de manera voluntaria" y, pese a no estar obligado a hacerlo, "Feijóo ha remitido en el día de hoy un acta notarial que da fe de todos y cada uno de los mensajes recibidos en ese día por parte del 'expresident', así como el contexto en que se produjeron para su mejor comprensión".
Los 'populares' han explicado que tanto Feijóo como Mazón se intercambiaron todos los mensajes vía 'Whatsapp', "sin que se establecieran llamadas ni correos electrónicos o cualquier otro sistema de comunicación". Por último, el PP ha indicado que "no solo confía plenamente en la justicia", sino "que no va a contribuir a su descrédito iniciado por parte del Gobierno de España". "No hay 'lawfare' en nuestro país y las decisiones de los jueces, no se combaten, se acatan", ha defendido.
