El Gobierno retira el recurso contra la ley vasca de víctimas policiales

Y lo ha hecho después de acordar con el Gobierno Vasco la reforma de la norma para recalcar que su objetivo no es buscar responsabilidades, sino resarcir a los afectados.

Esta decisión se ha adoptado pocos días después de que el Tribunal Constitucional haya anulado el grueso de la ley navarra de reparación a las víctimas de actos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, que también fue recurrida por el Gobierno del PP, al estimar que invade competencias del poder judicial.

La Ley vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999 fue aprobada en 2016, aunque varios artículos han estado suspendidos por el recurso presentado en su día por el Ejecutivo del PP, que el actual Gobierno del PSOE ha decidido hoy retirar, según consta en la referencia del Consejo de Ministros.

Además de los populares, también rechazan la norma asociaciones de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de víctimas del terrorismo, que ayer mismo pidieron al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que no se retirara el recurso.

Estos colectivos advirtieron de la "injusticia" e "inmoralidad" que supondría retirar el recurso contra una ley basada, a su juicio, en el "relato del conflicto" y en la construcción de una "memoria alternativa" para "blanquear el pasado criminal de ETA y ensuciar el de las víctimas del terrorismo".

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, quiso dejar claro cuando hace diez días anunció el acuerdo para retirar el recurso que los "pequeños retoques" que se introducirán en la ley servirán para "dejar aún más claro" que la norma busca únicamente reconocer y reparar a estas víctimas y no identificar a los autores de las vulneraciones de derechos humanos y exigirles responsabilidades penales.

"Nuestro objetivo nunca ha sido el de sustituir a los tribunales ni el de hacer un señalamiento de culpas", aseguró Erkoreka y por ello, cuando se reforme la ley, añadió, "quedarán despejadas todas las dudas" suscitadas "en algunos sectores" .

Los cambios en la norma deben ser aprobados en el Parlamento Vasco, donde los grupos que forman el Gobierno autonómico (PNV y PSE) están en minoría. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu está convencido, no obstante, de que los cambios saldrán adelante sin mayores contratiempos.

De manera paralela, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido el recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía contra la creación de una comisión de expertos contemplada en esta ley para valorar a las posibles víctimas de abusos policiales. El sindicato policial cree que con este recurso se podrá paralizar la plena entrada en vigor de la norma.