Junqueras pide al Supremo que le excarcele porque su prisión "está teniendo ya" efectos en el voto de cara al 21D

La defensa indica que Junqueras "tiene derecho a participar de los actos de campaña y a ejercer la representación política de los ciudadanos si resultase escogido, como diputado o como Presidente del Gobierno".

Estos son algunos de los argumentos señalados en el recurso presentado contra la decisión que el pasado 4 de diciembre adoptó el magistrado Pablo Llarena de mantener la prisión preventiva de Junqueras, del exconsejero de Interior Joaquim Forn y de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, al entender que pese a no haber riesgo de que se fuguen persiste en ellos el de reiteración delictiva.

La defensa expone igualmente las dificultades que conlleva la articulación de una tarea defensiva en situación de prisión provisional, "alejado centenares de kilómetros de su letrado" y con las dificultades de trabajo "en las condiciones en las que las comunicaciones penitenciarias se desarrollan".

En un escrito de 26 páginas al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Junqueras pide a la sala de apelaciones del alto tribunal que celebre una vista con asistencia del propio Junqueras para poder exponer sus argumentos y solicita que se remita a este órgano determinada documentación como los autos que supusieron su prisión y la del resto de exconsejeros por orden de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, el auto de prisión de la expresdidenta Carme Forcadell y los otros miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña dictado por LLarena el pasado 9 de noviembre y el acto de declaración del expresidente del pasado 1 de diciembre ante el citado instructor.

El escrito hace mención al voto particular en el que el magistado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada se oponía al mantenimiento en prisión de los líderes de ANC y Omnium en el éste señalaba que ni por la gravedad de los hechos ni por las circunstancias personales y comportamiento procesal de los investigados se debía mantener esta medida, que consideraba "innecesaria, inidónea y desproporcionada".

Alude también a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Constitucional (TC), que abunda en que los investigados deben tener la oportunidad de organizar su defensa de forma apropiada y sin restricciones, lo que es difícil en prisión a juicio de esta parte.