El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha anunciado una medida para prohibir la renovación automática de contratos de servicios digitales, como suscripciones a plataformas de streaming, aplicaciones móviles y videojuegos. Esta iniciativa busca evitar que los consumidores continúen pagando por servicios que ya no desean o han olvidado.
¿En qué consiste la propuesta?
Según la propuesta, las empresas estarán obligadas a notificar a los usuarios con al menos 15 días de antelación sobre la próxima renovación del contrato, informando también sobre las consecuencias de no cancelarla. Esta medida se integrará en la nueva Ley de Atención al Consumidor, actualmente en trámite en el Congreso, mediante una enmienda pactada entre Sumar y el PSOE.
Además, la ley exigirá que los servicios de atención al cliente no sean exclusivamente automáticos y que el 95% de las llamadas sean atendidas en menos de tres minutos. Estas disposiciones buscan garantizar que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y evitar renovaciones no deseadas de suscripciones olvidadas.
En países como Estados Unidos y Reino Unido, se han planteado medidas similares para proteger a los consumidores de cargos no deseados y fomentar prácticas comerciales más transparentes.
La medida aún debe ser aprobada en el Congreso, pero es un claro avance hacia una mayor protección de los derechos de los consumidores en el entorno digital.
