La consejera de Justicia ha explicado el plan ante un centenar de agentes judiciales y sociales, a quienes ha detallado que tiene como objetivo disponer de edificios judiciales, instalaciones y recursos materiales que den respuesta a las necesidades del servicio “y respondan a su función, siendo seguros, accesibles, sostenibles, funcionales y confortables”. El máximo exponente de este plan es el edificio Mapfre de Bilbao, por el que se pagaron 41 millones de euros. Beatriz Artolazabal ha anunciado que “tras determinar sus usos futuros en el grupo de trabajo creado, recientemente hemos adjudicado la redacción del proyecto de obras, que nos entregarán a finales de año”. “Nuestra idea es que las obras se liciten y adjudiquen lo más pronto posible y que la ejecución esté finalizada y el edificio se pueda ocupar ya en la próxima legislatura”.
Por otro lado, el citado Plan de Sedes Judiciales también contempla un calendario de actuaciones en los edificios judiciales hasta 2030. “Planificaremos actuaciones mediante ejecución de obras nuevas, reformas o rehabilitaciones, atendiendo al nuevo marco normativo que provocará algunos cambios organizativos y de actividad”, ha anunciado la consejera, quien también ha mencionado el proyecto de actuaciones energéticas para que todos los edificios de Justicia sean sostenibles energéticamente.
Reto digital
Euskadi ha implantado ya el Expediente Judicial Electrónico en toda la Jurisdicción Contencioso-administrativa y el próximo viernes se extenderá al orden Social. Este proceso, que permitirá eliminar totalmente el papel en los procesos judiciales, culminará en 2023, cuando su implantación será total. "Sabemos que a lo largo del proceso se producirán incidencias y disfunciones relacionadas con un cambio tan profundo y con la necesaria coexistencia temporal con el sistema anterior. En este momento crítico, quiere pediros vuestra comprensión y una esfuerzo adicional de apoyo y ayuda", ha dicho a los presentes
