El Consell ha anunciado este viernes un paquete de 27 medidas - con una dotación de 421,26 millones de euros - para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales que la guerra en Irán deja notar ya en el bolsillo de los valencianos y las empresas de la Comunitat.
"Nos va a convertir en la segunda autonomía que más recursos destina a poner en marcha medidas contra la crisis, a pesar de ser la peor financiada de España", ha señalado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social en la que han participado los secretarios generales de CCOO-PV y UGT-PV, Ana García y Tino Calero, y el presidente de la patronal CEV, Vicente Lafuente.
Sindicatos y patronal estudiarán "al detalle" el documento de la Generalitat, aunque han asegurado que recoge "gran parte" de sus propuestas.
Ana García (CCOO PV) ha señalado que la ciudadanía puede tener la "certeza" de que se activarán más medidas si el conflicto bélico sigue escalando; Tino Calero (UGT-PV) ha resaltado que se haya fijado una hoja de ruta para que la guerra tenga "las menores consecuencias posibles" y Vicente Lafuente (CEV) ha avanzado que juntos remitirán un escrito al Ministerio de Hacienda para que agilice el préstamo extraordinario de 1.300 millones de euros para la reconstrucción tras la DANA.
Pérez Llorca ha asegurado que es un plan de choque "vivo", abierto a cambios en función de la evolución del conflicto. Del total - ha explicado - de 421,26 millones que se movilizarán, 137,96 millones serán mediante ayudas directas o indirectas, 153,3 millones en bajadas de impuestos y 130 millones en préstamos bonificados.
Medidas
En materia de vivienda habrá una convocatoria extraordinaria de ayudas al alquiler por 15 millones de euros, con recursos propios, y se priorizará a los trabajadores inmersos en ERTE en el acceso a estas prestaciones como "grupos de especial atención".
También se revisarán al alza de los módulos de viviendas de protección pública (VPP) "para que su construcción siga siendo viable" y se acelerará la compra de vivienda para el parque público mediante el derecho de tanteo y retracto por cuatro millones de euros.
Paralelamente, se destinará una ayuda directa para el pago de hipotecas que rondará unos 180 euros por cada una, con un coste total estimado en diez millones de euros. Esta ayuda pretende cubrir el aumento de los intereses durante los tres meses de vigencia del decreto del Gobierno. Beneficiará a las personas con un préstamo hipotecario a tipo variable de 200.000 euros, que tengan la vivienda habitual radicada en la Comunitat Valenciana y cuya renta máxima sea de 60.000 euros individual y de 78.000 conjunta.
En transporte, se congelarán los precios de toda la red del transporte público autonómico, con un impacto de 12,3 millones de euros. Habrá una línea de 14,7 millones para apoyar el transporte de mercancías mediante un impulso a la renovación de flotas, colaboración en ayudas para la electrificación y mejora de la eficiencia logística.
A nivel laboral y empresarial, se activarán "medidas específicas" para apoyar a los trabajadores autónomos por el aumento del coste de la energía, con cuatro millones de euros, y se desarrollará una línea del Institut Valencià de Finances (IVF) de financiación bonificada de cien millones para empresas afectadas por el incremento de los precios.
Además, se pondrán en marcha programas específicos de impulso a la actividad empresarial y a la internacionalización, por valor de 54,66 millones; una línea de financiación bonificada de 30 millones para empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras y agroalimentarias; apoyo a empresas electrointensivas mediante un nuevo criterio de valoración, por 15,36 millones; un plan de choque para agilizar proyectos de eficiencia energética y subvenciones para ayuntamientos, por valor de 1,3 millones, y se las ayudas del programa Inpyme para fortalecer la base productiva y la autonomía de la industria por 49,3 millones.
El plan contempla la simplificación y aceleración de los procedimientos vinculados a la energía, con objetivos como gestionar 50 expedientes estratégicos para aportar 3.000 megavatios de potencia al sistema o incrementar la actividad industrial de 150 nuevas grandes empresas. Se prevé reforzar la coordinación con operadores y distribuidores energéticos para que las autorizaciones en la Comunitat Valenciana se obtengan más rápido que en otras comunidades autónomas.
Otra de las 27 medidas es instar al Gobierno a activar el mecanismo RED para el sector cerámico y establecer así medidas de acompañamiento como un complemento de 180 euros mensuales para los trabajadores afectados, con un importe total estimado por la Generalitat en dos millones de euros.
Al respecto, Llorca ha explicado, a preguntas de los periodistas, que si el Gobierno activa este mecanismo, el Consell se "compromete" a complementarlo con una ayuda para los trabajadores del sector.
A su vez, la Generalitat prevé solicitar al Ministerio de Agricultura la activación de la reserva de crisis para proteger a los sectores agrarios valencianos afectados, como los cítricos, el arroz, el porcino, la ganadería vinculada a piensos o el vitivinícola. También quiere instar a la Comisión Europea a activar cláusulas de salvaguarda frente a importaciones de países como Egipto, así como que la UE establezca un marco temporal específico para flexibilizar líneas de financiación.
Por otro lado, se aumentarán las ayudas a familias acogedoras y se reforzarán las transferencias a los ayuntamientos para la atención social --para cubrir gastos esenciales de familias vulnerables que garanticen la alimentación y el pago de suministros básicos-- por valor de 11,8 millones de euros.
Además, se incluyen en estas medidas 153,29 millones de euros en rebajas fiscales que corresponden a ingresos que la Generalitat no percibirá debido a las rebajas que el Gobierno ha aprobado en impuestos como el IVA de los combustibles y el consumo energético de los hogares o los de los hidrocarburos y la electricidad, que afectan a tributos total o parcialmente cedidos a la administración autonómica.
