Catorce entidades de carácter social, de distintos puntos de la Comunitat Valenciana, han presentado el anuncio del recurso contra el decreto del Consell por el que se regula la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios así como su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
El objetivo es evitar que haya personas que tengan que abandonar el servicio en el que están siendo atendidas o que no puedan acceder por primera vez al mismo, por no poder cubrir el coste de la plaza con los nuevos requisitos exigidos. Según José María Toro, presidente de AERTE, es necesario consensuar un nuevo modelo.
Según la asociación el incremento de los costes por los nuevos servicios no se veía cubierto en su totalidad por un aumento de las ayudas lo que supone un aumento del copago, llegando en el caso de las residencias de salud mental a 840 euros mensuales sólo en coste de personal, lo que afirman es inasumible para la gran mayoría de familias.
