Exigen que se le reconozca el carácter residencial que se le niega y que el ejecutivo autonómico aporte el presupuesto necesario para que las personas atendidas no tengan que asumir costes añadidos.
Según el presidente de AERTE, José María Toro, los usuarios que entran por primera vez al sistema reciben menos prestación.
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Recuerda que la ayuda máxima ha pasado de 2300 euros a 715. Aunque el número de plazas por el momento no se han visto afectadas esta situación ha provocado ya el cierre de una vivienda tutelada en Alicante.
