Fiscalía está revisando en el Hospital Provincial de Castellón la documentación relativa las miles de facturas presuntamente irregulares del centro

Un equipo de investigadores formados por Fiscalía y técnicos de la Intervención General de la Generalitat han acudido hoy al centro sanitario para cotejar in situ toda la documentación relativa a las facturas presuntamente irregulares que ascienden a 32 millones de euros, según la Generalitat. Los investigadores tendrán acceso a las miles de facturas denunciadas ante Fiscalía que están guardadas bajo llave en el centro sanitario. Desde la dirección del Hospital Provincial están colaborando y han mostrado su absoluta disposición a ofrecer la información que sea necesaria a fiscalía en la investigación. Así lo han dicho a través de un comunicado.

En total, las facturas ascienden a más de 32 millones de euros que bien superaban los importes previstos en los expedientes de contratación o no tenían expediente de contratación.

El 15 de junio de 2016 la dirección del centro remitió a la Fiscalía un escrito en el que se puso en conocimiento una presunta facturación irregular que ascendía a 25 millones de euros emitidas al Consorcio por parte de las empresas PIAF y TELECSO entre los años 2006 y 2015. Concretamente, se detallaba que 25 millones de facturación del centro bien superaban los importes contemplados en los expedientes de contratación o carecían de expediente de contratación.

Por otro lado, en noviembre también se detectaron nuevas irregularidades que podrían ser constitutivas de ilícito penal de PIAF entre los ejercicios 2003 y 2005 por más de 2,6 millones de euros en facturas que no consta expediente de contratación o se supera la facturación acordada. En esta misma fecha se facilitó a fiscalía documentación relativa a las actividades económicas mantenidas entre el Consorcio y las empresas Domo Estudi Proyectos Integrales, Domotecnic Gestión y Servicios, Domótica Castellón Cooperativa Valenciana, y Domótica y Técnicas de Integración. En este caso se facturaron 5,2 millones de euros sin tener el adecuado soporte legal, según la consellería. En total, suman 7,8 millones de euros, que se añaden a los 25 millones denunciados en junio.