El real decreto obligará a pymes y autónomos a usar factura electrónica en sus operaciones. La medida busca reducir la morosidad y mejorar la liquidez empresarial.
El Pleno de la Corporación Municipal aprobó este lunes el pago de 93 facturas de 64 pequeños y medianos proveedores (autónomos y autónomas, microempresas, pymes, cooperativas y asociaciones) que suman 366.580,55 euros.
El voto ha vuelto a ser afirmativo por parte de Bloque, Compostela Aberta y socialistas en relación con las facturas pendientes a pequeños proveedores, mientras que no adscritos y populares se han abstenido en este punto
La alcaldesa, Goretti Sanmartín señala que esta es una "cuestión administrativa" y no se trata de un "debate partidista ni ideológico", tras lo cual ha advertido de las "consecuencias" que podría suponer la no aprobación del pago.
La alcaldesa de Lugo, la socialista Paula Alvarellos, se ausentó el pasado jueves entre las 17 y las 19 de la tarde. La portavoz del PP, Elena Candia, asegura que lo hizo para evitar pagar facturas con reparo de legalidad de las áreas que dirige sus socios del BNG en el Gobierno Local. Fue el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, quién aprovechando esa ausencia firmó 3 decretos levantando reparo de legalidad sobre una serie de facturas de servicios dirigidos por el BNG por un importe de 181.838 euros. Para el PP la conclusión es que la regidora no se fía de sus socios de gobierno.
El equipo de Gobierno de La Solana, que encabeza Luisa Márquez, señala que las facturas impagadas y las irregularidades en la gestión, heredadas de los anteriores ejecutivos socialistas, frenan el avance de la localidad.
Algunos de esos pagos estaban pendientes y "perdidos" en los cajones desde 2010. La deuda que han heredado de anteriores ejecutivos se ha comido casi la totalidad de los más de 730.000 euros que han recibido de los Tributos del Estado. Luisa Márquez Manzano, alcaldesa de la localidad, nos ha hablado de esta sorpresa que les obliga ha seguir el continuo esfuerzo por sanear la situación del municipio.
Asegura que en nueve meses el gobierno local acumula 3,6 millones de euros en más de 500 facturas con reparo de Intervención, pero el ejecutivo lo niega