El Gobierno da un paso más en la digitalización empresarial y obligará a pymes y autónomos a utilizar la factura electrónica en sus operaciones. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha detallado el alcance del nuevo real decreto, que busca reducir la morosidad y mejorar la liquidez de las empresas.
La norma establece la obligatoriedad de la factura electrónica en las transacciones entre empresas y profesionales, con el objetivo de acortar los plazos de pago, que actualmente rondan los 80 días de media, por encima del límite legal de 60 días.
Según ha explicado Cuerpo, este retraso en los pagos es uno de los principales obstáculos al crecimiento empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. De hecho, menos del 20% de las facturas se pagan a tiempo en grandes compañías, frente a cerca del 50% en pymes.
Claves del decreto
El real decreto introduce un sistema de facturación electrónica con formato estructurado, que permitirá automatizar procesos y conocer en todo momento el estado de las facturas.
Las empresas tendrán dos vías para adaptarse:
- Plataformas privadas ya existentes, que deberán ser interoperables entre sí.
- Una plataforma pública que desarrollará la Agencia Tributaria, pensada especialmente para pymes y autónomos.
Esta solución pública permitirá operar con los mismos sistemas de identificación que ya se utilizan con Hacienda, lo que busca facilitar su adopción.
El Ejecutivo defiende que la generalización de la factura electrónica tendrá un impacto económico relevante. Actualmente, en España se emiten entre 500 y 550 millones de facturas electrónicas al año, lo que ya supone un ahorro estimado de 2.700 millones de euros.
Cuándo entra en vigor
La implantación será progresiva y dependerá del tamaño de las empresas.
- Las empresas que facturen más de 8 millones de euros tendrán un plazo de un año para adaptarse.
- Las pymes y autónomos con menor facturación dispondrán de dos años.
El calendario no empezará a contar hasta que el Ministerio de Hacienda publique la orden ministerial que regulará los aspectos técnicos del sistema, especialmente de la plataforma pública.
Según el Gobierno, esta orden podría aprobarse antes del verano, lo que activaría el inicio del periodo transitorio. El Ejecutivo sostiene que, con este sistema, se reducirá la morosidad y se mejorará la liquidez de las empresas, liberando recursos para inversión y crecimiento.
