TAXIS Y VTCs

PP y PSIB acuerdan que el Govern balear pueda sancionar a las plataformas de VTC y nuevas normas para dar licencias

Este acuerdo ha llegado después de una reunión mantenida este martes entre el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, con representantes de PP y PSIB, junto a las entidades de Agrupación Empresarial Autotaxi y Taxis-Pimem.

Europa Press

Illes Balears |

Un taxi estacionado en Palma
Un taxi estacionado en Palma | Europa Press

PP y PSIB han pactado la aprobación de una serie de enmiendas a la ley de proyectos estratégicos con las que, entre otras cuestiones, el Govern podrá sancionar a las plataformas ante posibles irregularidades y otorgar las licencias VTC a nivel insular.

Este acuerdo ha llegado después de una reunión mantenida entre el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, con representantes de ambos partidos con las entidades de Agrupación Empresarial Autotaxi y Taxis-Pimem, en la que se les ha expuesto estas iniciativas con la que se busca frenar la aprobación de unas 10.000 licencias en el archipiélago.

Mateo ha mostrado su "satisfacción" por el entendimiento y alegado que la intención es ofrecer herramientas para "clarificar" y "poner orden" en el sector. Así, ha destacado que si se dispone de autorización urbana solo se podrá emplear dentro de las ciudades y si es interurbana, se ceñirá a esos municipios, por lo que si únicamente se dispone de una licencia a nivel estatal "probablemente no se pueda prestar servicio en Baleares".

Además, ha subrayado que habrá enmiendas que abordarán aspectos como la simplificación administrativa, la lucha contra el intrusismo y se aumentarán las sanciones contra este fenómeno. Mateo ha destacado que desde el inicio de la legislatura trabajan en "mejorar la movilidad" y ha indicado que era "imprescindible" tomar medidas para que el sector del taxi y VTC se sintieran "cómodos".

De este modo, ha citado la modificación de la ley balear de transporte terrestre y el nuevo reglamento de regulación del taxi que "entra en los detalles que no aborda la ley", por lo que se ha considerado apropiado aprovechar la "ventana de oportunidad" que ofrece la ley que está en proceso de tramitación. Por parte del PSIB, ha estado presente en la reunión el portavoz en el Parlament, Iago Negueruela, quien ha celebrado el acuerdo puesto que es un tema en el que han trabajado esta legislatura, porque en el reglamento regulador del taxi encontraban "lagunas".

"Lo importante es separar la terminología de la norma autonómica de la estatal, para dejar claro que en Baleares se regulan los ámbitos interurbano y urbano pero no el estatal", ha señalado. El diputado ha manifestado que la intención es "proteger" al sector tradicional del taxi y las VTC, pese a que ha adelantado que votarán a favor las enmiendas con las que están de acuerdo y habrá otras que no. "El PSIB está satisfecho porque ha logrado que sus reivindicaciones para el sector del taxi se hayan incorporado desde el diálogo", ha añadido.

CUBRIR EL "VACÍO" DE LA NORMA ESTATAL PARA DAR LICENCIAS

El presidente de Taxis-Pimem, Biel Moragues, ha valorado el consenso alcanzado entre los dos partidos y ha indicado que las sanciones a las plataforma se asemejarán a las que se han impuesto a Air Bnb, en cuanto a que podrán ser multadas si permiten que un conductor preste servicio con un coche que no tiene autorización.

Para el representante de los taxista, lo más importante es que se trate de cubrir el "vacío" de la ley estatal, dado que la entrega de licencias que se hace en base a desplazamientos entre comunidades y esto en Baleares no ocurre. En ese sentido, ha resaltado que el Govern haya reflejado en los informes que es el competente para otorgar las licencias de VTC. "Que a nivel estatal se hayan pedido tantas autorizaciones, no cabría porque no tienen el amparo de la norma estatal para ofrecer un transporte entre comunidades y por carreteras estatales", ha sostenido.

El presidente de la Federación de la Agrupación Empresarial Autotaxi de Baleares, Toni Bauzà, ha agradecido el acuerdo parlamentario con el sector, aunque ha mostrado sus reticencias al área de prestación conjunta en Mallorca. Por este motivo, el representante de los taxistas ha pedido que se les concrete la propuesta para después posicionarse para que no sea "un cheque en blanco".

El argumento es que en Baleares hay una estacionalidad "muy marcada" y ha planteado que no se asemeje a Madrid, Barcelona o València, donde es "temporada alta todo el año". "En verano hay una temporada turística muy fuerte pero en invierno todo el mundo echa la persiana", ha puntualizado. Otro de los elementos que ha criticado que no contemplen las enmiendas son las jubilaciones, porque cuando un profesional se retira, se le da tres meses para traspasar la licencia, algo que, a su modo de ver, es un periodo "insuficiente" y es una limitación que "antes no tenían".

Bauzà ha asegurado que sucede lo mismo con las licencias de los taxistas que fallecen, dado que a los herederos que no están autorizados para trabajar en el sector del taxi, se les da medio año para entregarla a otra persona. Sobre estos temas, ha avanzado la posibilidad de que su asociación plantee un recurso judicial.

BATALLA JUDICIAL POR LAS 10.000 SOLICITUDES DE LICENCIA DE VTC

Consultado por el cambio que podría implicar el rechazo de las 10.000 solicitudes de licencias VTC, Mateo ha indicado que en anteriores cambios legislativos se aprovechó para introducir una serie de requisitos con "factores decisivos". Entre ellos, ha citado el hecho de que Baleares es un espacio "limitado" al ser unas islas, los problemas de "congestión" de las carreteras o la contaminación, por lo que ha recalcado la necesidad de recogerlo en un decreto y una ley.

En cuanto a los contenciosos que han interpuesto las empresas afectadas por la suspensión de la adjudicación de licencias, Mateo ha explicado que "todavía" no han recibido la notificación de las demandas y cuando las tengan se las trasladarán a los servicios jurídicos del Govern.

Por su parte, Moragues ha incidido en que era algo "cantado" y cree que las empresas discutirán la "retroactividad" de los criterios ambientales. Aún así, ha pedido que no se fíe toda la defensa jurídica al criterio medioambiental, sino que se alegue en base al área de prestación conjunta de Mallorca, lo que haría que toda la isla se considerase urbana y directamente les impediría operar.