José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra. El expresidente del Gobierno queda citado para el próximo 2 de junio y también se le atribuyen otros delitos conexos como organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Se trata de un revés judicial para Zapatero que ha culminado con el registro de la UDEF de su propia oficina en la calle Ferraz de la capital y otras tres mercantiles vinculadas a la trama.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal también ha registrado la empresa de las dos hijas de Zapatero, quien aseguró no tener relación alguna con Plus Ultra ya en la entrevista con Alsina del pasado 23 de marzo. "Yo no conozco a nadie de Plus Ultra", llegó a decir, al mismo tiempo que sostuvo que todo lo que percibió fue fruto de su trabajo y se encuentra declarado de manera lícita.
Qué es Análisis Relevante y qué papel juega en el caso Plus Ultra
Cabe recordar que la aerolínea Plus Ultra fue rescatada con 53 millones de euros durante la pandemia. El juez Calama, encargado de llevar la investigación, determina si Análisis Relevante tuvo algo que ver con el cobro de comisiones por dicho rescate de la aerolínea venezolana y el posterior lavado de fondos.
Análisis Relevante SL era una empresa del amigo de Zapatero que fue detenido el pasado mes de diciembre, Julio Martínez Martínez, una consultora para la que trabajaba el expresidente del Gobierno y por la que llegó a cobrar alrededor de 450.000 euros. El propio Zapatero declaró en Más de uno que era "precio de mercado" e insistió en todo quedó declarado y lícito.
No obstante, los investigadores determinan si esos pagos procedentes de Análisis Relevante realizados a Zapatero tuvieron algo que ver con el cobro de comisiones por el rescate de Plus Ultra. Ya se encuentra sobre la mesa el posible cobro de un 1% de dicho rescate, además del trabajo de la empresa de las hijas del exdirigente del Ejecutivo, que han estado presentes en el registro de la UDEF. Un trabajo que quedó explicado como labores de marketing y comunicación.
La causa llegó a la Audiencia Nacional a principios de marzo, después de que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordara elevarla al órgano superior tras recibir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y comprobar la instructora que la competencia correspondía a la Audiencia Nacional por estar relacionadas con terceros países.
