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Ortiz de penalti y Gabarre fueron los goleadores para seguir liderando la clasificación

Ortiz de penalti y Gabarre fueron los goleadores para seguir liderando la clasificación

La secretaria general de Unidas Podemos, Mae de la Concha, se pronuncia sobre los polémicos 'sobresueldos' de hasta seis altos cargos del Govern balear, todos de Podemos, que cobran un plus anual de 22.000 euros para vivienda y transporte. En esta breve entrevista que concede a Onda Cero Mallorca la también consellera de Agricultura explica cuál es su postura.

Así lo ha anunciado el conseller de Educación, Martí March, durante una rueda de prensa en la que ha puntualizado que la idea es alcanzar una tasa "razonable" de alrededor del 10%, ya que "tampoco sería bueno un 100% de funcionarios".

En declaraciones a los medios durante su visita a las instalaciones ampliadas del Centro de Salud Santa Ponça, Armengol ha destacado como "muy positivo" que lo primero que ha anunciado Sánchez es "una nueva ronda de consultas, no solo con los partidos políticos sino con los presidentes autonómicos".

En declaraciones a los medios de comunicación este jueves, el delegado del Gobierno en funciones, Ramon Morey, ha explicado que la situación es "muy triste y desgraciada" pero ha matizado que tiene "una parte positiva y es que haberles detenido es una demostración" de que los "controles funcionan, que si alguien actúa de manera indebida es descubierto y puesto a disposición de la justicia".

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año, los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción de las Islas han practicado un total de 396 lanzamientos, un 12,4% menos que en el mismo trimestre de 2018, según datos del TSJB.

Aún así, el número de nacimientos en Baleares bajó un 9,6% durante los primeros seis meses del año 2019, según datos del INE.

Hasta seis altos cargos del Govern balear venidos de la península, todos de Unidas Podemos, cobran un extra de 22.000 euros al año para costearse una vivienda.

En un comunicado, esta entidad ha señalado que ha realizado una encuesta en la que se constatan estas cifras y que la mayoría de las empresas está en desacuerdo con esta normativa por considerarla "injusta y en contra de los intereses del sector, sin que ello afecte a la seguridad de los vehículos".